Activistas denuncian bloqueo a visita de presos del Cecop en penal de Acapulco

El Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, junto a académicos, artistas y organizaciones sociales, denunció este sábado que les fue negado el acceso al penal de Las Cruces en Acapulco, donde planeaban visitar a Rodrigo y Modesto León Jacinto, integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (Cecop), quienes permanecen encarcelados desde diciembre de 2022 acusados de homicidio. En conferencia de prensa afuera del Centro de Reinserción Social, el director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, explicó que el viernes por la noche las autoridades impusieron una serie de requisitos, como la aplicación de vacunas y la presentación de actas de nacimiento, con la clara intención de obstaculizar el encuentro solidario con los comuneros.

Barrera Hernández criticó duramente la postura del gobierno estatal, señalando que no solamente aprehenden a los defensores comunitarios y los asesinan, como a Marco Antonio Suástegui y Jesús Plácido, sino que obstruyen la visita que sólo busca hacer llegar un saludo solidario a los compañeros del Cecop, encarcelados de manera injusta. El activista detalló que apelaron a la Secretaría de Asuntos Políticos para facilitar el ingreso, pero les respondieron que no podían intervenir, prevaleciendo así la cerrazón institucional.

Los manifestantes se sumaron al llamado nacional e internacional en solidaridad con ambos presos, reconociendo la lucha de más de dos décadas del Cecop contra el megaproyecto de la presa La Parota y su integración en la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria de Guerrero. El abogado de Tlachinollan, Rogelio Téliz García, informó que Rodrigo y Modesto León Jacinto fueron detenidos en diciembre de 2022 y que la defensa ya presentó todas las pruebas de inocencia, pero el Poder Judicial argumenta que no hay jueces disponibles, ya que el juicio inició en el sistema tradicional y los juzgadores han sido cambiados de forma reiterada, dejando el expediente sin cerrar.

Los activistas leyeron un comunicado donde exigen al Poder Judicial de Guerrero y a las autoridades locales y federales revisar las pruebas presentadas para demostrar la inocencia de ambos comuneros, quienes llevan más de tres años privados de su libertad de manera injusta, según denuncian los colectivos. La visita frustrada representa un nuevo capítulo en la tensión entre el gobierno y los movimientos sociales que exigen justicia para los defensores de la tierra y los derechos humanos en la región..