Alcalde de Escobedo rechaza acusaciones estatales y asegura que documentación de obra del Triángulo Norte está entregada

El Gobierno municipal de Escobedo, encabezado por el alcalde Andrés Mijes, ha emitido un contundente rechazo a los señalamientos del Secretario General de Gobierno estatal, Miguel Ángel Flores, quien acusó al municipio de no comprobar el uso de los recursos asignados para el Distribuidor Vial Triángulo Norte. Según el posicionamiento oficial, Escobedo entregó toda la documentación comprobatoria, incluyendo contratos y facturas de las primeras etapas, a la Tesorería Estatal en agosto de 2023.

Además, la documentación correspondiente a la segunda etapa fue presentada y recibida por la autoridad estatal en febrero de 2026, lo que, para el ayuntamiento, valida completamente la aplicación de los fondos. El edil Mijes Llovera instó públicamente al secretario a verificar la información en los archivos de su propia dependencia antes de realizar declaraciones públicas.

El contexto de esta disputa radica en la paralización de nuevos desembolsos por parte del estado, que condiciona el envío de más recursos a la rendición de cuentas sobre el dinero ya entregado. La obra del Triángulo Norte es un proyecto clave para mejorar la movilidad en el área metropolitana de Monterrey y ha sido una promesa de gestión tanto municipal como estatal.

Sin embargo, el conflicto público ha expuesto una fractura en la coordinación intergubernamental. El municipio atribuye los malentendidos a la falta de titulares definitivos en dependencias estatales clave, lo que generaría un desorden administrativo y afectaría la fluidez en la comunicación y los procesos de verificación.

Las consecuencias inmediatas de este enfrentamiento son un mayor retraso en la conclusión de la vital obra vial, manteniendo la congestión en la zona y generando incertidumbre entre los ciudadanos. Escobedo reiteró su disposición a colaborar, pero exigió al estado cumplir con los compromisos financieros establecidos desde 2023.

Por su parte, la administración estatal mantiene su postura de no liberar fondos hasta tener certeza sobre la ejecución previa, priorizando la transparencia. Este impasse no solo frena un proyecto de infraestructura, sino que daña la percepción pública sobre la capacidad de ambas administraciones para trabajar en conjunto en beneficio de la comunidad..