Alcaldesa de Morena impulsa acción ante la SCJN contra leyes que reservan gubernaturas para mujeres

La secretaria general de Morena, María Luisa Alcalde, anunció que su partido promoverá en los próximos días una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El objetivo es que el máximo tribunal se pronuncie sobre reformas aprobadas en San Luis Potosí y Nuevo León, las cuales obligan a los partidos a postular exclusivamente a mujeres para las gubernaturas en las elecciones de 2027.

Alcalde argumentó que, si bien se debe respetar la paridad, estas leyes específicas podrían constituir una simulación y no necesariamente favorecer una competencia equitativa. La dirigente alertó que iniciativas similares se están cocinando en los congresos de otros estados como Michoacán y Tlaxcala, por lo que se requiere un criterio unificado y vinculante para todo el país.

El contexto de estas polémicas reformas está marcado por las acusaciones de conflicto de interés y nepotismo. En San Luis Potosí, la ley ha sido vinculada al Partido Verde, aliado de Morena, y se percibe como un mecanismo para allanar el camino a la senadora Ruth González, esposa del gobernador Ricardo Gallardo.

En Nuevo León, la normativa es cuestionada por beneficiar potencialmente a Mariana Rodríguez, cónyuge del gobernador Samuel García. La presidenta Claudia Sheinbaum ya se ha pronunciado en contra de heredar cargos y ha pedido una revisión de constitucionalidad, subrayando que Morena aplicará un candado anti nepotismo para sus candidaturas desde 2027, a pesar de que la prohibición federal plena entrará hasta 2030.

Las consecuencias de este movimiento legal y político podrían redefinir las reglas de la paridad electoral en México. Una eventual invalidación por parte de la Corte sentaría un precedente crucial, frenando iniciativas estatales que, según la crítica, distorsionan el principio de igualdad para encubrir maniobras de poder familiar.

Morena insiste en que su acción no rompe la alianza con el Partido Verde y el PT, pero deja claro que priorizará sus estatutos internos y la constitucionalidad. El debate trasciende lo jurídico y se centra en si la imposición de cuotas por género en elecciones específicas garantiza una auténtica participación política o se convierte en un instrumento para perpetuar cacicazgos bajo una apariencia de equidad..