AMLO y la CNDH: la exoneracion militar en Ayotzinapa reabre el debate sobre la 4T

La reciente decisión de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de exonerar sin matices al Ejército en el caso Ayotzinapa ha desatado una ola de críticas y reabierto un debate profundo sobre la naturaleza del proyecto de la Cuarta Transformación (4T). Este fallo, resultado directo de un nombramiento presidencial que muchos calificaron como estridente, obliga a preguntarse si quienes han sido críticos con el presidente Andrés Manuel López Obrador han logrado comprender sus verdaderas motivaciones.

Hasta ahora, la oposición y analistas han visto al mandatario como un hombre tozudo, un narcisista desbocado o una mezcla de ambos, incapaz de realizar nombramientos racionales. Sin embargo, la exoneración militar sugiere una lógica más retorcida: la de un líder que utiliza el poder como un laboratorio de ingeniería social, donde cada decisión busca generar el mayor impacto posible, incluso a costa de la justicia y la verdad.

El contexto de esta controversia se remonta a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014, un caso que ha sido un símbolo de la impunidad en México. La CNDH, ahora bajo un liderazgo cuestionado, ha emitido una resolución que limpia de responsabilidades a las fuerzas armadas, contradiciendo informes internacionales y las demandas de las víctimas.

Este movimiento no es aislado, sino que se suma a una serie de nombramientos polémicos realizados por López Obrador, desde la designación de un funcionario sin experiencia en Pemex hasta la elección de un sociólogo para liderar un megaproyecto ferroviario. La pregunta que surge es si estas acciones responden a una incompetencia genuina o a un plan deliberado para reírse de las instituciones y de la ciudadanía, como sugiere el análisis de Julio Patán.

En este escenario, la exoneración de Ayotzinapa sería la cereza del pastel, un acto de provocación que busca consolidar el control militar y desviar la atención de los fracasos económicos y sociales. Las consecuencias de esta decisión son profundas y ya se sienten en el ámbito político y social.

Por un lado, la exoneración militar fortalece la narrativa de que el Ejército es intocable bajo el gobierno de la 4T, lo que podría alentar más violaciones a los derechos humanos. Por otro lado, la falta de inversión extranjera, la quiebra de Pemex y la crisis del T-MEC se agravan con este tipo de escándalos, que minan la confianza en las instituciones mexicanas.

La oposición y organizaciones civiles han condenado el fallo, mientras que el presidente se retira a su finca tropical, rodeado de militares que han recibido contratos millonarios. Este panorama sugiere que, lejos de ser un error, la exoneración de Ayotzinapa es una pieza clave en un proyecto de poder que prioriza el control sobre la justicia.

La pregunta final es si la sociedad mexicana está dispuesta a aceptar que la 4T no es un error, sino una broma cruel orquestada desde Palacio Nacional..