Brasil aprueba ley pionera para proteger a menores de contenidos adictivos y peligrosos en internet

Brasil ha puesto en vigor esta semana el Estatuto digital de Niños y Adolescentes, una ley considerada histórica por expertos en protección infantil. La normativa, sancionada por el presidente Lula da Silva, obliga a que los menores de 16 años vinculen sus cuentas en redes sociales a un tutor legal para garantizar supervisión.

Además, prohíbe a las plataformas utilizar funciones diseñadas para generar adicción, como el desplazamiento infinito y la reproducción automática de videos. Las empresas también deben implementar sistemas de verificación de edad robustos que vayan más allá de la autodeclaración, con el fin de restringir el acceso a contenido violento, pornográfico o inapropiado.

El impulso definitivo para esta ley llegó en agosto, tras un viral video del influencer Felca que denunciaba la sexualización de menores en internet, acumulando millones de visualizaciones y acelerando un proyecto legislativo en discusión desde 2022. El presidente Lula afirmó durante la sanción que la libertad en internet debe ir de la mano de la protección, poniendo fin a la tolerancia con la explotación sexual, el acoso y la incitación a la autolesión en el entorno digital.

Organizaciones como el Instituto Alana destacan que el diseño manipulador de las plataformas es especialmente dañino para los jóvenes, elevando sus niveles de ansiedad y afectando su rendimiento escolar. La ley brasileña se enmarca en una tendencia global donde países como Australia e Indonesia han implementado o anunciado restricciones similares para proteger a los menores en línea.

A diferencia de una prohibición total, el modelo brasileño refuerza la supervisión parental y traslada mayor responsabilidad a las empresas tecnológicas, según analistas de la Fundación Getulio Vargas. Estas compañías ahora deben adaptar sus servicios, como ya anunciaron WhatsApp, que introducirá cuentas administradas por padres, y Google, que usará inteligencia artificial en Brasil para estimar la edad de los usuarios y bloquear contenido sensible automáticamente.

Las consecuencias de la nueva ley son significativas tanto para las familias como para la industria tecnológica. Las empresas que incumplan la normativa se enfrentan a multas de hasta 50 millones de reales, aproximadamente 9. 5 millones de dólares.

Para muchos padres, como refleja un testimonio recogido en Río de Janeiro, esta legislación es una herramienta crucial para controlar el acceso a información inadecuada para ciertas edades. Sin embargo, expertos en comunicación advierten que es esencial dialogar con los jóvenes para que comprendan el propósito protector de la ley y no la perciban solo como una restricción frustrante.

El éxito de la medida dependerá, en gran parte, de una implementación efectiva y de la educación digital tanto de menores como de tutores..