Campañas políticas anticipadas inundan México a tres años de las elecciones de 2027

A tres años de las elecciones federales y locales de junio de 2027, México ya está plagado de propaganda electoral anticipada e irregular. Bardas, parques, canchas e incluso panteones en todo el país amanecen con mantas, rótulos y pegatinas con nombres, logotipos de partidos y mensajes de presuntos aspirantes.

Esta práctica de proselitismo prematuro, que se repite cada tres años, ocurre pese a que el calendario electoral oficial para el proceso 2026-2027 ni siquiera ha sido establecido por el Instituto Nacional Electoral. Los autores materiales de esta campaña clandestina permanecen en el anonimato, aprovechando la dificultad para rastrear el financiamiento y la autoría de estos actos, los cuales violan los periodos establecidos por la ley.

Este fenómeno no es nuevo, pero se ha intensificado, reflejando una carrera desesperada por posicionarse entre miles de cargos en disputa: desde gubernaturas y diputaciones hasta presidencias municipales y sindicaturas. El contexto revela una lucha feroz al interior de los partidos políticos, donde operadores y figuras públicas buscan asegurar su lugar con antelación.

Destacan especialmente los llamados chapulines electorales, políticos que saltan de sigla en sigla buscando una candidatura, desplazando a militantes de base.

Paralelamente, aquellos funcionarios en ejercicio con una trayectoria percibida como sólida y con cercanía a su electorado, como podría ser el caso de algunos senadores o diputados con arraigo, no sienten la misma presión por iniciar campañas prematuras y pueden esperar los tiempos legales. La consecuencia inmediata es una distorsión grave de la competencia electoral y un desgaste de la confianza ciudadana en las instituciones democráticas.

Estas campañas anticipadas, al operar en un limbo legal, evaden los topes de gasto, la fiscalización y los principios de equidad en la contienda. Los costos, que para una campaña municipal en un municipio grande pueden oscilar entre 40 y 60 millones de pesos según estimaciones en el ambiente político, comienzan a erogarse en la sombra, lejos del escrutinio público.

Esto genera una espiral de gasto donde solo quienes tienen recursos o padrinos políticos fuertes pueden competir, marginando a candidatos emergentes. A largo plazo, esta práctica perpetúa un sistema donde la impunidad campaña: al involucrar a actores de todos los partidos, se crea un pacto de no agresión que impide denuncias mutuas.

Así, la democracia mexicana enfrenta el reto de controlar un ciclo electoral que se alarga demasiado, encareciendo el proceso y privilegiando la maquinaria sobre las propuestas, mientras la ciudadanía observa cómo las reglas se rompen antes de que el juego oficial comience..