Caos en el Aeropuerto de la CDMX: VivaAerobus deja a 200 pasajeros varados más de 12 horas sin soluciones

La semana pasada, el aeropuerto internacional de la Ciudad de México fue escenario de un caos generalizado cuando la aerolínea VivaAerobus canceló tres vuelos consecutivos con destino a Tijuana, dejando a aproximadamente doscientos pasajeros atrapados en la terminal por más de doce horas. El vuelo inicial, programado para las tres de la tarde, fue suspendido hasta pasada la medianoche, sin que la empresa ofreciera alternativas inmediatas o reembolsos.

El personal limitó su comunicación a informar que no habría viajes ese día, derivando a los afectados a un hotel cercano con la instrucción de regresar a las cinco de la mañana para un vuelo reprogramado, sin considerar las necesidades urgentes de niños, adultos mayores o personas con condiciones médicas. La falta de asientos, agua y cualquier tipo de atención básica exacerbó la sensación de abandono e impotencia entre los usuarios, quienes vieron cómo se perdían citas médicas, compromisos laborales y eventos familiares sin que la compañía asumiera responsabilidad alguna por los daños colaterales.

Este incidente no es un caso aislado, sino un ejemplo recurrente dentro del modelo de operación de las aerolíneas de bajo costo en México, donde la priorización de la utilidad económica sobre el servicio al cliente es una práctica común. Empresas como VivaAerobus y Volaris, que transportan a millones de pasajeros anualmente, suelen operar con una flota ajustada y horarios saturados, lo que las hace vulnerables a efectos dominó ante cualquier falla técnica o restricción aeroportuaria.

Sin embargo, la crítica principal radica en la respuesta institucional y la falta de un marco regulatorio robusto.

Mientras en otras naciones existen protocolos que obligan al reembolso inmediato o a la recolocación en otras aerolíneas con gastos cubiertos, en México la normativa es laxa y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) actúa con una burocracia lenta que rara vez logra una reparación expedita para el usuario, dejándolo en total desamparo frente a las decisiones unilaterales de las compañías. Las consecuencias de estos abusos sistemáticos son graves y multidimensionales.

Para los pasajeros, significan pérdidas económicas directas al tener que asumir gastos extra de alimentación, alojamiento o, en casos extremos, la compra de un nuevo boleto con otra aerolínea a precios elevados de última hora, un costo prohibitivo para familias de recursos medios o bajos. Socialmente, se normaliza una cultura de impunidad corporativa que erosiona la confianza en el transporte aéreo y perpetúa un servicio de calidad tercermundista.

La solución requiere una intervención legislativa urgente para crear una ley de protección al viajero aéreo con reglas claras: reembolsos automáticos en un plazo máximo, obligación de proporcionar asistencia inmediata (alimentos, alojamiento) durante esperas forzosas, y multas disuasorias para las aerolíneas que incumplan. Solo una regulación estricta, similar a la de la Unión Europea, puede terminar con esta cadena de injusticias y modernizar un sector vital para la conectividad y la economía del país..