Chiapas exige investigar a Alejandro Rivera Marroquín por gestión de VIH

El Grupo de Trabajo de VIH e Infecciones de Transmisión Sexual de Chiapas solicitó a las autoridades estatales investigar el desempeño de Alejandro Rivera Marroquín, quien podría ser designado nuevamente como titular de la coordinación Estatal de VIH. Rosemberg López Samayoa, presidente de Una Mano Amiga en la Lucha contra el Sida y vocero del grupo, expresó su preocupación por el eventual retorno del funcionario, señalando que su anterior gestión habría debilitado la participación de las organizaciones civiles en las estrategias de prevención y atención.

El activista recordó que el trabajo conjunto entre sociedad civil y autoridades permitió reducir la posición de Chiapas en los registros nacionales de casos de VIH, pero que posteriormente se produjo un repunte atribuido a la falta de coordinación institucional. López Samayoa pidió al gobernador Eduardo Ramírez y al secretario de Salud, Omar Gómez Cruz, revisar la situación y garantizar que la coordinación sea encabezada por personal con experiencia y compromiso en materia de VIH e infecciones de transmisión sexual.

Además, planteó que, en caso de que Rivera Marroquín regrese al cargo, deberá rendir cuentas sobre el estado en que dejó el programa y las decisiones adoptadas durante su gestión.

El vocero también hizo señalamientos sobre presunto nepotismo y la colocación de personas sin experiencia en áreas relacionadas con VIH, aspectos que, dijo, deben ser investigados por las autoridades competentes. Las organizaciones manifestaron su confianza en que el nuevo secretario de Salud escuche sus planteamientos y dé prioridad a la prevención, atención y educación.

El representante social advirtió que una atención deficiente no solo tiene consecuencias sanitarias, sino también económicas y sociales, pues el diagnóstico tardío, la falta de prevención y la interrupción de tratamientos pueden incrementar los costos para las familias y el sistema público de salud, además de profundizar la vulnerabilidad y discriminación de las personas que viven con VIH. López Samayoa indicó que, de no obtener respuesta, recurrirían a mecanismos legales y organismos de derechos humanos, aunque confió en que el conflicto pueda resolverse por la vía institucional.

El llamado central es fortalecer la coordinación entre Gobierno y sociedad civil para avanzar en las metas de 2030 y evitar que las deficiencias institucionales afecten la salud, la economía familiar y los derechos de la población en Chiapas..