La Constitución Mexicana y los principios clave del derecho fiscal explicados

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) solo regula aspectos básicos de las contribuciones, como la obligación de pagar impuestos bajo los principios de proporcionalidad y equidad. Estos conceptos, plasmados en el artículo 31, fracción IV, garantizan que los ciudadanos contribuyan según su capacidad económica y reciban un trato justo. Sin embargo, el derecho fiscal en México se desarrolla principalmente en leyes secundarias, no en la Carta Magna. El Congreso de la Unión tiene la facultad, según el artículo 73, fracción VII, de imponer contribuciones para financiar el presupuesto público. Esta potestad está limitada a áreas específicas, como comercio exterior, recursos naturales

y servicios públicos. Además, se permiten contribuciones especiales en sectores como energía eléctrica, tabaco o hidrocarburos. Estos impuestos deben ajustarse a los principios constitucionales y solo pueden modificarse mediante leyes, no por decisiones administrativas. Los contribuyentes pueden impugnar resoluciones fiscales mediante recursos como el juicio de nulidad o el amparo. La Prodecon también ofrece un mecanismo de defensa, aunque no puede anular actos fiscales. Mientras tanto, el SAT tiene limitaciones legales en sus interpretaciones, según han señalado ministros de la SCJN. Este marco busca equilibrar el poder del fisco con los derechos de los ciudadanos, aunque persisten desafíos en su aplicación justa.