Corte Suprema de EE. UU. debate el fin de la ciudadanía por nacimiento para hijos de migrantes
El máximo tribunal estadounidense podría redefinir un derecho constitucional histórico con implicaciones globales.
POLíTICA • 29 Mar, 2026 18:07 h
La Corte Suprema de Estados Unidos inició esta semana las audiencias para un caso que podría alterar el principio de ciudadanía por nacimiento, consagrado en la Enmienda 14 desde 1868. El litigio, conocido como Trump v.
Barbara, cuestiona si el gobierno puede negar la ciudadanía automática a niños nacidos en territorio estadounidense de padres migrantes en ciertas condiciones. La base legal del debate es la interpretación de la frase sujetas a su jurisdicción, donde la administración argumenta que no incluye a personas sin autorización legal para residir.
Este caso surge tras una orden ejecutiva de 2025 que busca limitar este derecho, desafiando una práctica de más de un siglo. El contexto histórico se remonta al fallo Estados Unidos vs.
Wong Kim Ark de 1898, que confirmó la ciudadanía por nacimiento para un hijo de padres chinos, estableciendo un precedente firme. Hasta ahora, las únicas excepciones reconocidas son los hijos de diplomáticos extranjeros, fuerzas invasoras y, en su momento, ciertos pueblos indígenas.
Los proponentes de la restricción alegan que la Enmienda 14 nunca pretendió fomentar el llamado turismo de nacimiento o regular flujos migratorios modernos. Por el contrario, defensores de derechos civiles sostienen que cambiar esta interpretación socavaría un pilar de la igualdad y generaría un caos legal.
Las consecuencias de una decisión restrictiva serían profundas y de amplio alcance. Inmediatamente, crearía una clase de personas apátridas nacidas en suelo estadounidense, con derechos inciertos.
A nivel nacional, podría derivar en un mosaico de regulaciones estatales contradictorias sobre la ciudadanía, aumentando la litigación. Socialmente, afectaría a millones de familias, complicando el acceso a documentos, beneficios públicos y la estabilidad familiar.
Internacionalmente, sentaría un precedente que otros países podrían seguir, impactando las políticas migratorias globales y los derechos humanos. La sentencia, esperada para junio, definirá no solo un concepto legal, sino la identidad misma de la nación..
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