Crisis hídrica en San Luis Potosí: contaminación, politización y desprecio a la ciencia amenazan el agua

La grave crisis del agua en San Luis Potosí se agrava por la contaminación de los mantos freáticos y la politización sistemática de su gestión. Un estudio reciente del Grupo Universitario del Agua de la UASLP alertó que el 13% de los pozos monitoreados en la zona metropolitana presentan concentraciones de riesgo de flúor y arsénico, elementos nocivos para la salud, además de detectar hidrocarburos y microplásticos.

El informe, basado en datos actuales de 2024, recomienda urgentemente implementar tecnologías como la ósmosis inversa para garantizar agua potable. Sin embargo, lejos de generar una respuesta coordinada, el documento desató el inmediato desdén de las autoridades responsables del recurso hídrico en el estado.

La primera reacción del presidente municipal de la capital, Enrique Galindo, fue desacreditar el estudio tachándolo de obsoleto, afirmación que los académicos debelaron rápidamente al evidenciar la actualidad de sus datos. Aunque posteriormente rectificó y se mostró abierto a la colaboración, su respuesta inicial reflejó una peligrosa tendencia a la negación.

Por su parte, la Comisión Estatal del Agua, bajo el mando de Pascual Martínez Sánchez, fue más lejos al sugerir que la investigación buscaba generar alarma social, desestimando así una advertencia técnica crucial sin aportar evidencia contraria. Este episodio no es aislado, sino parte de un patrón donde los hallazgos científicos incómodos son recibidos con hostilidad por las dependencias oficiales, priorizando la imagen política sobre la salud pública.

Este desprecio por los organismos técnicos se enmarca en una politización crónica que paraliza la gestión hídrica en San Luis Potosí.

El conflicto permanente entre el gobierno estatal de Ricardo Gallardo y el municipal, así como las luchas de poder con organismos como Interapas, han sustituido la cooperación por el bloqueo y la confrontación. Un ejemplo claro es el tratamiento dado al Consejo Hídrico Estatal, un órgano consultivo ciudadano revivido por el gobierno gallardista no para enriquecer la política pública, sino como un instrumento más en su batalla política.

Cuando sus integrantes, cumpliendo su función, cuestionaron proyectos como el relanzamiento del parque acuático Dino Oasis por considerarlo un desperdicio de agua en tiempos de escasez, la CEA los acusó de buscar figurar y politizar, cerrando así otro canal para soluciones técnicas. Esta dinámica convierte cada iniciativa de mejora en un campo de batalla partidista, impidiendo abordar desafíos urgentes como la sequía, la infraestructura obsoleta y la ahora confirmada contaminación de las fuentes de abastecimiento.

La opacidad y el control político también se manifiestan en el manejo financiero del gobierno estatal, que estrangula presupuestalmente a otras dependencias, incluidas las autónomas. La cuenta pública del Poder Judicial del Estado revela un mecanismo surrealista: la Secretaría de Finanzas incumple sistemáticamente la entrega de partidas presupuestadas aprobadas y, en su lugar, ofrece préstamos de esos mismos recursos al organismo, generando una deuda interna absurda.

Este esquema, repetido desde 2021, ha creado un pasivo donde el Poder Judicial le debe millones a la propia Secretaría que no le transfirió los fondos. Esta práctica, que oscila entre la incompetencia administrativa extrema y un descarado mecanismo de control político, priva de recursos vitales a instituciones que, como la UASLP o el propio sistema de justicia, son clave para el desarrollo y la rendición de cuentas.

En conjunto, la combinación de contaminación creciente, desprecio a la evidencia científica, politización de las soluciones y opacidad financiera configura una tormenta perfecta que compromete el derecho humano al agua en San Luis Potosí y deja a la población expuesta a riesgos sanitarios y a la merced de una gestión fragmentada e ineficaz..