Denuncia Alcaldesa de Yahualica Desvío de Terrenos Valuados en 50 MDP a Nombre de la Madre de su Antecesora

La actual presidenta municipal de Yahualica, Wendy Nadezhda Limón Ruvalcaba, ha denunciado públicamente la inacción de la Fiscalía Anticorrupción de Jalisco ante una presunta irregularidad cometida por la administración anterior. Según su relato, una deuda municipal por combustible, originalmente de ocho millones de pesos, fue saldada mediante la cesión de terrenos valuados en cincuenta millones de pesos, los cuales fueron escriturados a nombre de Florencia González, madre de la exalcaldesa Danniela Julemmy Vázquez González.

Limón asegura que presentó la denuncia en noviembre y que, a la fecha, no hay avances en la investigación, lo que representa un grave caso de presunto daño patrimonial al municipio. El contexto de esta acusación se enmarca en una fuerte polarización política local.

La alcaldesa Limón, del Partido del Trabajo y aliada a Morena, señaló que su antecesora y su hermano, el actual regidor Édgar Eduardo Vázquez, pertenecían originalmente a Movimiento Ciudadano y luego migraron al PRI. Durante un evento denominado La Mañanera de Morena Jalisco, Limón utilizó consignas como devolverle al pueblo lo robado, afirmando que Yahualica fue saqueado.

Además, vinculó al regidor Vázquez con un presunto conflicto de intereses por la compra de combustible a una empresa de su propiedad y lo acusó directamente de ser un delincuente, un ratero y secuestrador, en referencia a un episodio de secuestro de un candidato durante las pasadas elecciones. Las consecuencias de esta denuncia pública y la aparente inacción fiscal son múltiples.

Primero, se genera una crisis de credibilidad en las instituciones encargadas de combatir la corrupción a nivel estatal. Segundo, el caso evidencia cómo presuntas deudas infladas pueden utilizarse para despojar a los municipios de bienes inmuebles de alto valor, privando a la comunidad de recursos clave; Limón cuestionó cuántas viviendas de un programa social se hubieran podido construir en esos terrenos.

Finalmente, la situación agrava la conflictividad política en el municipio, con acusaciones graves que trascienden lo administrativo para adentrarse en lo penal, sin que hasta el momento exista una resolución judicial que aclare los hechos y responsabilidades..