Denuncia GLPAN doble función de Ulises Carlín como tesorero y consejero jurídico en Nuevo León
Diputados advierten ilegalidad y amenazan con juicio político contra el gobernador Samuel García.
POLíTICA • 19 Mar, 2026 01:19 h
Diputados locales del GLPAN denunciaron que Ulises Carlín de la Fuente ejerce simultáneamente como encargado del despacho de la Tesorería estatal y como asesor jurídico del gobernador Samuel García Sepúlveda. Los legisladores aseguran que esta doble función constituye una ilegalidad, ya que el funcionario no ha sido formalmente propuesto para el cargo de tesorero ante el Congreso para su ratificación.
La diputada Itzel Castillo Almanza, presidenta del Congreso, reveló que se encontró con Carlín en la Suprema Corte de Justicia realizando cabildeos sobre controversias constitucionales, tarea ajena a las funciones propias de la Tesorería. Este hallazgo evidenció la superposición de roles que, según la bancada opositora, viola el marco legal estatal.
El contexto de esta denuncia se enmarca en la prolongada ausencia de un titular formal para la Tesorería del Estado de Nuevo León. La ley exige que el gobernador envíe una propuesta al Congreso para su aprobación, un trámite que hasta ahora no se ha cumplido.
Mientras tanto, Carlín de la Fuente opera como encargado de despacho, una figura interina con limitaciones legales y presupuestarias. Esta situación genera inestabilidad administrativa, especialmente crítica en la fase de cierre de la administración actual, donde se requieren decisiones firmes sobre la gestión de los recursos públicos y la ejecución del presupuesto estatal.
Las consecuencias políticas son inmediatas y graves. La bancada del PRI ha advertido que, de persistir esta omisión, podrían iniciar un juicio político en contra del gobernador Samuel García por incumplimiento de sus obligaciones legales.
Los diputados exigen que el ejecutivo envíe de inmediato la propuesta formal de tesorero y que Carlín de la Fuente se dedique exclusivamente a las funciones propias de la Tesorería. Esta crisis refleja una gestión fragmentada y podría afectar la capacidad del estado para administrar sus finanzas en un momento económico complejo, dañando la confianza institucional..
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