Detenido Pedro Mendívil, exjefe policial de Mexicali, por desaparición forzada

El abogado Pedro Ariel Mendívil García, quien llegó a sonar como candidato a dirigir la fiscalía General del Estado (FGE) al inicio del gobierno de Marina del Pilar Ávila Olmeda, fue arrestado el pasado martes 28 de julio en su domicilio de la colonia Los Arcos, en Mexicali. El operativo, ejecutado por la Secretaría de seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Marina (Semar), responde a su presunta implicación en la desaparición forzada de una decena de jóvenes, vistos por última vez en el centro nocturno Shots, un lugar que se ha convertido en símbolo de la crisis de violencia en la región.

La detención marca un giro radical en la carrera de un jurista que también fue director de la Policía Municipal bajo la alcaldesa Norma Alicia Bustamante y fiscal regional durante la administración de Guillermo Ruiz Hernández. El dispositivo de seguridad rodeó la vivienda desde la noche anterior, pero la falta de una orden de cateo impidió el ingreso inmediato, lo que permitió a Mendívil contactar a sus abogados y grabar un video de más de siete minutos difundido en redes sociales.

En la grabación, el exfuncionario acusó ser víctima de una persecución política, comparándose con el exgobernador Ernesto Ruffo, y señaló directamente a la fiscal Ma. Elena Andrade de actuar con dolo y venganza.

Me tocó ser la respuesta al quinto audio, declaró, en alusión a las conversaciones filtradas por el columnista Héctor de Mauleón, donde la gobernadora negocia con funcionarios estadounidenses para recuperar su visa, revocada en mayo de 2025. Mendívil también afirmó que la acusación en su contra data de 2011, cuando Andrade era subprocuradora, lo que refuerza su teoría de un ajuste de cuentas político.

Este arresto agrava la crisis de seguridad en Baja California, donde el caso Shots sigue siendo una herida abierta para las familias de las víctimas. La detención de un exjefe policial de alto perfil evidencia presuntas redes de complicidad dentro de las instituciones, mientras la gobernadora enfrenta cuestionamientos por su gestión y vínculos con el crimen organizado.

La Fiscalía estatal y la federal deberán ahora presentar pruebas sólidas para sustentar el cargo, en un proceso que será observado de cerca por organismos de derechos humanos y la opinión pública. La defensa de Mendívil anticipa una batalla legal prolongada, mientras la ciudadanía exige respuestas sobre el paradero de los desaparecidos y el fin de la impunidad en la entidad..