Diputados de Morena y aliados reducen penas a funcionarios omisos en delitos de extorsión

La Cámara de Diputados aprobó una controvertida modificación a la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de extorsión, que reduce significativamente las penas de prisión para los servidores públicos que omitan denunciar este ilícito. Con 339 votos a favor de la coalición gobernante, la reforma disminuye la sanción original de 10 a 20 años de cárcel, propuesta por el Ejecutivo, a un rango de 6 a 12 años de prisión para policías, ministerios públicos o personal penitenciario que no informen a las autoridades sobre casos de extorsión, especialmente aquellos cometidos desde centros de reclusión.

La multa económica se mantuvo en hasta 330 mil pesos. La oposición, integrada por el PAN y el PRI, votó en contra y calificó la medida como una indulgencia para los cómplices gubernamentales del crimen.

El contexto de esta decisión legislativa se enmarca en la creación de una ley general que busca homologar el delito de extorsión en todo el país y combatir su alta cifra negra, estimada en un 98%.

La normativa general, aprobada previamente por unanimidad, establece que la extorsión será un delito imprescriptible, se perseguirá de oficio y tendrá penas de 6 a 15 años de cárcel para los extorsionadores, pudiendo incrementarse hasta 25 años con agravantes. El diputado Ricardo Monreal, promotor de la reducción de penas para funcionarios, argumentó que se trata de un ejercicio de racionalidad punitiva, sosteniendo que la omisión no puede castigarse más severamente que la ejecución misma del delito de extorsión, además de mencionar que los servidores públicos también pueden ser víctimas de amenazas por parte de los criminales.

Las consecuencias inmediatas de esta reforma han generado un intenso debate sobre la eficacia real de la ley para desincentivar la complicidad o negligencia del Estado frente a un delito que registró más de ocho mil víctimas en los primeros nueve meses de 2025, la cifra más alta en una década. Los críticos advierten que aligerar las consecuencias para los funcionarios omisos debilita el combate frontal contra la extorsión y envía un mensaje de impunidad.

La minuta con los cambios fue remitida al Senado de la República para su revisión y ratificación, donde se definirá si esta legislación, que incluye la creación de un centro de atención específico y el uso del número único 089 para denuncias anónimas, logra su objetivo sin comprometer la rendición de cuentas de los servidores públicos..