Doña Carlota sale de prisión y anticipa giro en su caso por defensa propia en Chalco
La mujer de 74 años enfrenta el proceso con arresto domiciliario y su defensa promete pruebas reveladoras.
SEGURIDAD • 03 Abr, 2026 01:36 h
María Carlota Alfaro Quintana, de 74 años, recuperó su libertad bajo la medida cautelar de arresto domiciliario tras meses en el penal de Chalco. La mujer, acusada de homicidio luego de un enfrentamiento por una presunta invasión de propiedad en abril de 2025, se declaró bien y segura para afrontar las próximas etapas judiciales.
Su defensa, liderada por su hijo Arturo Santana, anunció que presentará pruebas clave en la audiencia del 7 de abril que cambiarán el curso del caso. El hecho central ocurrió cuando un grupo de personas intentó despojar a la familia de una vivienda en el fraccionamiento Ex Hacienda de Guadalupe, en Chalco, Estado de México.
Según la versión de la defensa, doña Carlota accionó un arma de fuego en defensa propia durante la confrontación, resultando dos fallecidos y un herido. El caso generó amplia difusión en redes sociales debido a videos de seguridad que captaron los hechos, los cuales, alega la defensa, fueron compartidos indebidamente por la Fiscalía pero muestran agresiones previas contra la familia.
La próxima audiencia de etapa intermedia marca un punto crucial, donde la defensa expondrá un conjunto de evidencias reunidas durante un año.
Santana adelantó que un video viral será fundamental para acreditar la legítima defensa, al mostrar disparos previos contra su familia. Otras pruebas complementarias, aún no reveladas, buscan dar un giro total a la acusación fiscal. Este desarrollo podría influir significativamente en la transición hacia la etapa de juicio y sentencia. Las consecuencias inmediatas incluyen la reubicación de doña Carlota en un domicilio de San Vicente Chicoloapan, donde cumple la medida con un brazalete electrónico tras pagar una fianza superior a 250 mil pesos. Su estado anímico reportado como tranquilo y con ánimo contrasta con la gravedad del proceso. El caso reabre el debate sobre la defensa de la propiedad y los derechos de los adultos mayores en el sistema penal, poniendo bajo escrutinio el procedimiento de la Fiscalía del Estado de México.
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