Ejidatarios de Calakmul bloquean carretera federal por extorsiones y abusos de la Guardia Nacional

campesinos y ejidatarios de comunidades mayas en Calakmul, Campeche, mantuvieron bloqueada la carretera federal Escárcega-Chetumal durante horas. La protesta, iniciada en la comunidad de Xpujil y secundada por ejidos como Xbonil y Santa Lucía, respondió a una serie de denuncias graves contra elementos de la Guardia Nacional.

Según los manifestantes, los agentes establecen retenes informales para exigir dinero, productos como miel o cosechas, e incautar escopetas registradas legalmente para luego, presuntamente, revenderlas. Además, denuncian que, con el pretexto de revisiones preventivas, realizan tocamientos indebidos a las mujeres de la región, creando un clima de miedo y abuso constante.

El detonante inmediato fue la golpiza y el despojo de su rifle a un joven campesino, hecho que catalizó el descontento acumulado. El contexto de estas acusaciones se enmarca en la presencia de la Guardia Nacional en la zona por la custodia de las vías del Tren Maya.

Los propios ejidatarios señalaron que, según les informaron otros elementos de la GN de Carreteras, los agentes señalados son precisamente los asignados a la seguridad de este megaproyecto. Utilizan su autoridad para hostigar a los campesinos que transitan por los accesos construidos para el tren hacia sus parcelas en la zona conocida como Chac Che.

Las comunidades han documentado incluso allanamientos de morada, donde los agentes ingresan a domicilios particulares argumentando flagrancia por portar herramientas de trabajo, como rifles para protección en el monte. Un video difundido por los afectados respalda estas graves imputaciones, mostrando la actitud arbitraria de los uniformados.

Las consecuencias de esta crisis de confianza son profundas e inmediatas. Los campesinos, tras liberar la vía, han advertido que reanudarán los bloqueos si los agentes acusados no son removidos de la zona y trasladados a otros estados.

La sospecha de que las armas legalmente registradas e incautadas no están bajo resguardo oficial, sino siendo vendidas ilegalmente, añade un delito grave a la lista de abusos. Esta situación no solo mina la legitimidad de las instituciones federales en una región históricamente marginada, sino que también pone en riesgo la seguridad alimentaria y la paz social, al criminalizar las actividades agrícolas tradicionales.

La demanda central es el cese de la extorsión sistemática y el hostigamiento, exigiendo una investigación profunda y un cambio radical en el operativo de seguridad..