Elecciones 2027 amenazan la implementación del nuevo Código Familiar en México

El procurador de Protección de Niñas, niños y Adolescentes, Álvaro García Hernández, advirtió que la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCF), programada para abril de 2027, enfrenta un riesgo significativo debido a las elecciones que se celebrarán en 18 entidades del país durante ese mismo año. En el marco de la Jornada Nacional de Capacitación de Procuradurías Municipales de Protección de NNA 2026, celebrada en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el funcionario expresó su incertidumbre sobre si los gobiernos estatales priorizarán la inversión necesaria para implementar el nuevo ordenamiento o si destinarán los recursos a los procesos electorales.

García Hernández subrayó que la aplicación del código requiere una inversión considerable en infraestructura para salas de juicios orales y en la capacitación especializada de jueces y abogados, elementos esenciales para garantizar el interés superior de la niñez. El nuevo CNPCF establece como principios rectores la perspectiva de género y el interés superior de niñas, niños y adolescentes en todas las decisiones judiciales.

Sin embargo, el procurador cuestionó que este último principio aún no se comprenda ni se aplique plenamente, a pesar de estar reconocido en la Constitución. Durante su intervención, García Hernández relató que en varias audiencias ha observado cómo los abogados defienden únicamente las posiciones de la madre o del padre, relegando la opinión y las necesidades de los menores involucrados.

Además, destacó que el principio de concentración busca reducir el número de audiencias para evitar que los procedimientos prolongados generen un desgaste emocional en los menores.

Por su parte, Luis Peña Cruz, encargado de la Dirección General de Representación Jurídica y Restitución de Derechos de NNA, informó que solo tres estados han implementado el CNPCF, una cifra que no alcanza ni el 10 por ciento del país, y señaló que existen versiones extraoficiales sobre una posible prórroga a la fecha límite de entrada en vigor. Las consecuencias de este posible retraso serían graves para la protección de la infancia en México.

María de Lourdes Hernández Bonilla, consejera de la Judicatura de Chiapas, precisó que el CNPCF exige que quienes defiendan a niñas, niños y adolescentes cuenten con especialización acreditada mediante cédula profesional, y advirtió que los diplomados no serán suficientes. Exhortó a las instituciones a prepararse y especializarse, ya que si un juez detecta que un abogado no cuenta con la preparación requerida durante una audiencia, podrá solicitar la intervención de defensores públicos.

La falta de especialistas podría obstaculizar la participación de las procuradurías en los juicios familiares, dejando desprotegidos a los menores en un momento crítico. Con un código que ya ha sido reformado tres veces y ha enfrentado dos acciones de inconstitucionalidad, la incertidumbre sobre su implementación efectiva en 2027 pone en jaque la modernización del sistema judicial familiar y la garantía de los derechos de la niñez mexicana..