Empresario acusa a diputado y funcionaria de Nayarit como autores intelectuales de intento de homicidio

El empresario Eduardo Valencia Castellanos ha señalado públicamente al diputado local José Gómez Pérez y a la funcionaria Briana Guzmán Delgado como presuntos responsables intelectuales de un intento de homicidio y tortura en su contra, ocurrido en 2017 cuando estaba recluido en el penal de Bucerías, Nayarit. Según su denuncia, el pasado 20 de febrero ambos comparecieron como imputados ante un juez de control, luego de que un amparo promovido por Valencia revocara una resolución que había determinado la no acción penal en noviembre de 2024.

Este hecho judicial reabrió formalmente la investigación para determinar la responsabilidad de los acusados en los graves hechos reportados el 27 de marzo de 2017. Valencia sostiene que ese día fue brutalmente golpeado dentro de su celda por dos sujetos, agresión que lo dejó al borde de la muerte y de la cual afirma no recibió atención médica oportuna, siendo posteriormente abandonado en un hospital de Nuevo Vallarta.

El contexto del caso se remonta a un prolongado conflicto por el presunto despojo del complejo Flamingos Acqua, que según Valencia derivó en su encarcelamiento. El empresario argumenta que, conforme al reglamento penitenciario, la responsabilidad de su custodia y protección recaía en las autoridades municipales de entonces, específicamente en José Gómez Pérez, quien fungía como alcalde, y en Briana Guzmán Delgado, entonces directora de Seguridad Pública.

Valencia acusa a ambos de omisión por no haber implementado medidas de seguridad a pesar de conocer el riesgo que enfrentaba, lo que habría permitido la agresión.

Además, denuncia una deliberada denegación de auxilio, al asegurar que tras sufrir una fractura de cadera no fue atendido de inmediato, agravando sus lesiones de forma permanente. Las consecuencias legales y personales de este caso son profundas.

Valencia Castellanos afirma que, aunque los señalados no participaron materialmente en la agresión, la ley los considera autores intelectuales por omisión, al no impedir los hechos a pesar de su posición de garantes. Pese a que organismos nacionales e internacionales de derechos humanos emitieron recomendaciones para proteger su integridad, el empresario denuncia que ninguna ha sido cumplida.

Aunque ha obtenido varios amparos, lamenta que ninguno de los involucrados, incluidos los funcionarios, custodios y presuntos agresores materiales, haya sido vinculado a proceso o haya permanecido en prisión, lo que atribuye a resoluciones judiciales favorables a los acusados y a un estancamiento procesal. Esta situación lo ha llevado a una lucha legal prolongada dentro del sistema judicial de Nayarit, buscando justicia por lo que califica como un atentado contra su vida y una violación sistemática de sus derechos fundamentales..