Empresarios denuncian extorsión en el Órgano de Administración de Justicia por cobro de moches del 20%
Una investigación fue abierta tras una queja anónima enviada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
POLíTICA • 26 Dic, 2025 21:19 h
Empresarios ganadores de licitaciones públicas en el Órgano de Administración de Justicia (OAJ), sucesor del Poder Judicial de la Federación, han denunciado bajo anonimato un esquema de extorsión. Según su testimonio, funcionarios les exigen el pago del 20% del monto total del contrato adjudicado, bajo la amenaza de cancelarles los convenios si se niegan a cooperar.
Los denunciantes identificaron como presuntos responsables a Juan Carlos Zamora, secretario Ejecutivo de Administración, y a Jorge Giovanni Guerrero Durán, director general de Servicios Generales del OAJ, acusándolos de corromper a las empresas desde su ingreso a la institución. El contexto de estas acusaciones se enmarca en la reciente transformación del Consejo de la Judicatura Federal al actual OAJ, un cambio que prometía mayor transparencia.
Los empresarios señalan que la Dirección General de Servicios Generales, ubicada en Carretera Picacho Ajusco 170, opera como una pasarela de proveedores, donde los propios servidores públicos elaboran las propuestas técnicas y los contratos.
Además, implican a Rogelio Ruiz Rasgado en la selección discrecional de proveedores. Esta situación, afirman, ha disuadido a inversionistas de presentar denuncias formales por temor a represalias y la pérdida de sus contratos legítimamente obtenidos.
Como consecuencia inmediata, la presidencia del OAJ ordenó una investigación formal a través del expediente CAJ/DGI/INV/270/2025, originada por un correo anónimo recibido en la Suprema Corte. El órgano emitió un comunicado reafirmando su compromiso con la transparencia y citando el Acuerdo General en materia de adquisiciones publicado en diciembre de 2025, que establece la participación de testigos sociales en las licitaciones.
El OAJ aseguró que la Contraloría de Administración Judicial ha supervisado los procesos y ofreció canales oficiales para presentar denuncias, aunque los empresarios afectados mantienen su reclamo de una sanción ejemplar para los funcionarios señalados, instando a los cinco integrantes del órgano a actuar con contundencia..
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