La UE endurece su política migratoria con deportaciones masivas y centros en terceros países

La Unión Europea ha puesto en marcha un ambicioso y polémico plan para intensificar las deportaciones de migrantes irregulares, estableciendo centros de retorno en países fuera de sus fronteras y ampliando las facultades de sus agencias para realizar controles y redadas. Este nuevo enfoque, contenido en el Pacto sobre Migración y Asilo que entra en vigor en junio, busca evitar una repetición de la crisis de 2015, según ha declarado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Las medidas incluyen la negociación de acuerdos con naciones como Kenia para albergar centros de procesamiento y deportación, así como la expansión de operativos similares a los ya gestionados por Italia en Albania. Este giro político, impulsado tras los avances electorales de partidos de derecha y extrema derecha en varios estados miembros en 2024, marca un endurecimiento sin precedentes en la política migratoria comunitaria.

El contexto de esta transformación se encuentra en la creciente influencia de formaciones políticas que han elogiado abiertamente las tácticas de deportación de la administración del presidente estadounidense Donald Trump. Países como Alemania, Austria, Dinamarca y los Países Bajos forman parte de un grupo informal que explora activamente la creación de centros externos, un modelo que expertos y eurodiputados comparan con los acuerdos de Trump con naciones centroamericanas.

Paralelamente, gobiernos como el de Italia, bajo el mandato de Giorgia Meloni, ya han implementado legislación que permite detener embarcaciones en aguas internacionales y acelerar las expulsiones.

Este marco se complementa con un aumento significativo del presupuesto destinado a la agencia fronteriza Frontex y a la disuasión en los países de origen, reflejando una estrategia europea que prioriza el control externo y la externalización de la gestión migratoria. Las consecuencias de este nuevo rumbo ya son visibles y generan una profunda alarma entre organizaciones humanitarias y de derechos humanos.

Grupos como Amnistía Internacional han documentado un aumento drástico de las devoluciones en caliente, prácticas ilegales donde migrantes son forzados a retroceder en frontera sin acceso a procedimientos de asilo, con más de ochenta mil casos registrados solo en 2025. Denuncian además el uso excesivo de la fuerza, robos y un incremento de la vigilancia masiva con drones y perfiles raciales.

Defensores de los derechos migrantes advierten que, aunque Europa mantiene un marco jurídico más robusto que Estados Unidos, el impulso político hacia políticas severas es similar, erosionando protecciones legales y poniendo en riesgo vidas humanas. La directora de la Plataforma para la Cooperación Internacional sobre Migrantes Indocumentados, Michele LeVoy, cuestiona la coherencia moral de criticar las acciones del ICE estadounidense mientras se implementan tácticas análogas en suelo europeo, subrayando la contradicción en los valores fundacionales de la UE..