Escándalo en Yucatán: Poder Judicial adjudica elevadores millonarios por compra directa ilegal

El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Yucatán otorgó en 2025 dos contratos por adjudicación directa para la compra de elevadores, superando ampliamente los montos máximos permitidos por la ley. Las empresas beneficiadas, Ingeniería y Servicios del Caribe y Multiservicios Integrales HL, ambas de Quintana Roo, recibieron 2. 7 y 2. 55 millones de pesos respectivamente, destinados a juzgados en Progreso y Kanasín.

La normativa estatal vigente establecía que el tope para una adjudicación directa de obra era de apenas 197,802 pesos, y para adquisiciones de bienes muebles de 735,410 pesos, por lo que estas operaciones debieron ser sometidas a un proceso de licitación pública. El contexto legal es claro y deja al descubierto una grave irregularidad administrativa.

Según el acuerdo general del Consejo, para montos superiores a los 2. 12 millones de pesos en obra, o 1.

7 millones en adquisiciones con invitación a tres proveedores, la ley exige una licitación pública. Estos contratos, que superan individualmente los 2. 5 millones sin incluir los costos de instalación (estimados en 3 millones adicionales), incumplen flagrantemente estos límites.

La administración actual, encabezada por la presidenta del Consejo Erika Torres López, y con Álvaro Eduardo Juanes Laviada al frente de la Comisión de Administración, autorizó estos procedimientos a pesar de existir excepciones por causa mayor que, según se señala, no son aplicables en estos casos. Las consecuencias de estos actos son múltiples y graves.

En primer lugar, se socava la transparencia y el principio de competencia en el uso de recursos públicos, generando un precedente peligroso de opacidad en el Poder Judicial. En segundo término, contrasta con operaciones anteriores de la misma institución, donde para compras similares de menor monto se siguió el procedimiento de licitación pública, lo que evidencia una inconsistencia deliberada.

Finalmente, este caso abre interrogantes sobre la posible concentración de contratos, ya que una de las empresas beneficiadas es proveedora recurrente del gobierno estatal en el sector salud, lo que demanda una investigación profunda para descartar conflictos de interés y garantizar la rendición de cuentas en el uso del erario..