Estados Unidos acusa a Pemex de adeudar más de 2,500 millones de dólares a proveedores energéticos estadounidenses
La deuda, según el gobierno de EE. UU. , se ha convertido en una barrera comercial en medio de tensiones del T-MEC.
INTERNACIONAL • 01 Abr, 2026 13:11 h
La Oficina del Representante comercial de Estados Unidos (USTR) incluyó en su Reporte Nacional de Estimación Comercial 2026 una acusación formal contra Petróleos Mexicanos. El documento señala que la paraestatal mantiene adeudos superiores a los 2,500 millones de dólares con proveedores estadounidenses del sector de petróleo y gas, retrasos que se han prolongado durante al menos dos años y que representan un desafío sin precedentes para las empresas afectadas.
Esta denuncia oficial eleva el conflicto financiero a una disputa comercial bilateral, enmarcándolo como un obstáculo injusto para el comercio exterior. Por su parte, Pemex reconoció en sus resultados financieros del cuarto trimestre de 2025 que su deuda total con proveedores, a nivel global, asciende a 24,182 millones de dólares.
Si bien esta cifra representa una reducción del 14% respecto al año anterior, confirma la magnitud del problema de liquidez de la empresa. El organismo Energy Workforce & Technology Council, que agrupa a más de 250 empresas del sector en EE.
UU.
, ha enviado múltiples comunicaciones a la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum exigiendo soluciones, ya que los pagos pendientes afectan directamente su flujo de efectivo y operaciones. Las consecuencias de este señalamiento trascienden lo financiero y se insertan en el complejo contexto de las tensiones energéticas bajo el T-MEC.
Estados Unidos vincula estos retrasos en pagos con cambios en la política energética mexicana, argumentando que podrían discriminar a empresas extranjeras. Desde 2022, EE.
UU. mantiene consultas formales contra México bajo el mecanismo de solución de controversias del tratado, y este nuevo reporte añade presión para potencialmente activar un panel de arbitraje. La situación amenaza con erosionar la confianza de los inversionistas y complicar la cooperación energética en Norteamérica en vísperas de la revisión del tratado programada para 2026, poniendo en riesgo futuros proyectos y la estabilidad operativa del sector..
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