Estados Unidos impulsa la autodeportación con casi mil millones en incentivos y una aplicación móvil

El gobierno de Estados Unidos ha ampliado un programa de incentivos valorado en 915 millones de dólares, conocido como Project Homecoming, que incluye subsidios de hasta 2. 600 dólares y vuelos pagados para facilitar la salida voluntaria de migrantes indocumentados. Según un documento interno del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), esta iniciativa, apoyada por la aplicación CBP Home, ha ayudado a 72 mil personas a abandonar el país.

Las autoridades destacan que la mayoría de los inscritos ya se encontraban bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), y argumentan que el plan ahorra costos al ser significativamente más barato que una deportación forzosa tradicional. El contexto de esta medida se enmarca en una política migratoria más estricta que, según el DHS, ha llevado a que 2. 2 millones de personas opten por la autodeportación entre mayo de 2025 y enero de 2026.

No obstante, expertos señalan que esta cifra global incluye a miles que se marcharon por su cuenta, sin usar la aplicación o conocer el programa, un fenómeno que ocurre anualmente por diversas razones. La opción de salida voluntaria ya existía en administraciones anteriores, pero los incentivos económicos son un componente nuevo.

Datos judiciales muestran un aumento drástico en estos casos, pasando de unos 9. 000 en el año fiscal 2024 a más de 35. 000 en el 2025. Las consecuencias de esta estrategia son multifacéticas y generan debate.

Por un lado, el gobierno presenta el programa como una opción humanitaria y eficiente, permitiendo a las personas irse en sus propios términos y evitando una deportación con mayores sanciones. Por otro, abogados de inmigración y analistas como David Bier del Instituto Cato cuestionan su efectividad real, argumentando que muchos migrantes se habrían ido de todos modos y que ahora el gobierno está gastando recursos en un proceso que antes no le costaba nada.

Además, existe preocupación por la presión ejercida sobre los migrantes, a quienes se les presentan folletos con códigos QR en medio de sus procedimientos legales, y por la posible falta de comprensión sobre las consecuencias a largo plazo, como la prohibición de reingresar al país durante años, que conlleva aceptar la salida voluntaria..