Estados Unidos sanciona a la cúpula de la CPI por investigaciones contra Israel
Las medidas incluyen congelación de activos y prohibición de viaje para Tomoko Akane y Abdoulaye Seye.
INTERNACIONAL • 19 Ago, 2026 10:10 h
La administración de Donald Trump impuso este martes sanciones económicas y restricciones de viaje contra la presidenta de la Corte Penal internacional (CPI), Tomoko Akane, y el magistrado senegalés Abdoulaye Seye. El secretario de Estado, Marco Rubio, justificó la medida al argumentar que ambos funcionarios actuaron contra países que no reconocen la jurisdicción del tribunal, como Estados Unidos e Israel.
Las penalizaciones responden directamente a las investigaciones abiertas por la CPI sobre presuntos crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos por líderes israelíes en la Franja de Gaza, incluyendo las órdenes de arresto emitidas en 2024 contra el primer ministro Benjamín Netanyahu y el exministro Yoav Gallant. La Casa Blanca ha calificado al organismo con sede en La Haya como una institución corrupta, politizada y abusiva, intensificando su campaña para desmantelar su capacidad operativa.
En particular, Seye supervisa indagatorias relacionadas con el financiamiento de asentamientos israelíes y el suministro de armamento en Cisjordania ocupada, mientras que Akane enfrenta represalias por su rol institucional. La CPI respondió advirtiendo que estas acciones unilaterales socavan el Estado de derecho global y vulneran el orden jurídico internacional, reafirmando su compromiso con la imparcialidad e independencia establecidas en el Estatuto de Roma.
Washington nunca ratificó el tratado fundacional de la corte, por lo que niega su competencia para juzgar a ciudadanos estadounidenses o a sus aliados estratégicos. Las consecuencias diplomáticas no se han hecho esperar, pues países como Chad y Venezuela ya manifestaron su intención de abandonar el organismo multilateral. Sin embargo, la postura de la Casa Blanca enfrenta resistencia interna, con organizaciones de derechos humanos presentando demandas en Nueva York al considerar que las represalias atentan contra la libertad de expresión constitucional. Este conflicto se suma a tensiones previas, como cuando Moscú emitió órdenes de captura contra funcionarios de la CPI tras la medida similar dictada contra el presidente ruso Vladimir Putin. La comunidad internacional observa con preocupación cómo este enfrentamiento podría debilitar los mecanismos de justicia global en medio de crisis humanitarias crecientes.
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