Exfuncionarios de Sinaloa se entregan a EU tras ataque armado contra gobernador

El ataque armado contra una propiedad del gobernador Rubén Rocha Moya detonó la entrega voluntaria de exfuncionarios de Sinaloa a las autoridades de Estados Unidos, según reveló el periodista Luis Carlos Sáenz en Expreso 24/7 con Marcelo Beyliss. Perfiles clave de la administración estatal, como Gerardo Mérida Sánchez y Enrique Díaz Vega, cruzaron la frontera tras percibir un abandono institucional que los dejó sin protección frente a las facciones criminales.

Mérida Sánchez, exsecretario de seguridad Pública, tramitó un amparo en Uruapan antes de aparecer en Arizona, donde es acusado de recibir sobornos mensuales superiores a 100 mil dólares para frenar operativos. Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas, enfrenta cargos por filtrar nombres y domicilios de candidatos rivales a líderes del crimen organizado antes de las elecciones de 2021, permitiendo intimidaciones que forzaron renuncias.

La Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó cuentas bancarias del gobernador Rocha Moya y otros nueve exservidores públicos, acelerando la huida de los involucrados que optaron por enfrentar la justicia extranjera en lugar de arriesgar su integridad física. Mientras algunos se entregaron, otro bloque de exfuncionarios permanece ilocalizable, incluyendo a Dámaso Castro Saavedra, Marco Antonio Almanza Avilés y José Antonio Dionisio Hipólito, todos vinculados a la Fiscalía o la Policía Estatal.

También figuran como prófugos Juan Valenzuela Millán, comandante de la Policía Municipal de Culiacán entre 2018 y 2024, y Alberto Jorge Contreras Núñez, quien lideró áreas de investigación policial. La crisis evidencia un contraste en la protección gubernamental: mientras los exencargados de seguridad actúan sin fuero, figuras como el gobernador, el senador Enrique Inzunza y el alcalde con licencia de Culiacán gozan de resguardo operativo.

Enrique Inzunza reapareció en declaraciones virtuales para asegurar que no se ha entregado a Estados Unidos y que responderá ante la justicia mexicana si es requerido. En paralelo, el clima de violencia en Sinaloa mantiene un promedio constante de homicidios, evidenciando una crisis de seguridad que escaló hasta las cortes internacionales.

La entrega de estos exfuncionarios marca un precedente en la lucha contra la corrupción y el narcotráfico, mientras las autoridades mexicanas enfrentan presiones para garantizar la protección de testigos y exmandos que decidan colaborar con las investigaciones. La falta de una estrategia integral de seguridad sigue exponiendo a funcionarios de bajo rango, mientras las cúpulas políticas mantienen su blindaje institucional en medio de una guerra entre facciones criminales que no da tregua..