Exgobernador Jaime Rodríguez Calderón enfrenta disputa legal con su exesposa por propiedad en García

Jaime Rodríguez Calderón, exgobernador de Nuevo León, ha interpuesto una denuncia contra su exesposa, Adalina Dávalos, por el delito equiparable a violencia familiar tras un incidente registrado en una propiedad ubicada en el municipio de García. Los hechos, según la carpeta de investigación de la Fiscalía General de Justicia del estado, ocurrieron el pasado 2 de noviembre cuando Dávalos, según el relato del exmandatario, llegó al domicilio ubicado en la calle Morelos, en el centro de García, y procedió a desalojar al personal de seguridad afirmando que la casa también le pertenecía a ella.

Rodríguez Calderón declaró que se encontraba en un evento en Coahuila en ese momento y que, al regresar, encontró el acceso bloqueado por una camioneta de su exesposa, lo que le impidió ingresar a su propia vivienda. El contexto de esta disputa se remonta a la finalización del mandato de Rodríguez Calderón como gobernador en 2021 y al posterior divorcio de la pareja.

El exgobernador sostiene en su testimonio que su exesposa y sus hijos residen en un departamento en el centro de Monterrey que él costea, por lo que desconoce los motivos por los cuales ella reclamaría la propiedad de García.

Al día siguiente del incidente, su abogado, Gabriel García, acudió al lugar para intentar una mediación, pero según la versión del exgobernador, Adalina Dávalos se negó a dialogar y adoptó una actitud prepotente, afirmando que no saldría de la casa y amenazando con llevar el caso a los medios de comunicación. Las consecuencias inmediatas han sido la presentación de denuncias cruzadas, abriendo un proceso legal que podría prolongarse.

En respuesta a la querella del exgobernador, Corina Dávalos, hermana de Adalina, interpuso una denuncia contra Jaime Rodríguez por presuntas amenazas de muerte y lesiones. En su versión de los hechos, relata que el exmandatario se presentó en la propiedad de noche, presuntamente alcoholizado, empujó a Corina cuando intentaba grabar la escena y pronunció amenazas, lo que obligó a Adalina a llamar a la policía.

Esta situación no solo evidencia un conflicto personal y legal profundo, sino que también proyecta una imagen pública adversa para el exfuncionario, conocido como El Bronco, en un caso que mezcla acusaciones de violencia familiar, disputas patrimoniales y el uso de fuerzas de seguridad privadas, con posibles repercusiones legales y políticas..