Familia de víctima del Axe Ceremonia exige imputar a concesionarios y comparecencia de fundador
La familia del fotoperiodista fallecido solicita a la FGJCDMX que se cite a los responsables empresariales del festival.
SEGURIDAD • 20 Feb, 2026 20:16 h
La familia de Miguel Ángel Rojas Hernández, fotoperiodista fallecido en el Axe Ceremonia 2025, ha presentado una solicitud formal ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Piden la comparecencia de Diego Jiménez Labora, fundador del festival y de Grupo Eco, así como de otros accionistas, para que expliquen la estructura de decisiones y los protocolos de seguridad del evento.
La petición busca esclarecer las cadenas de mando y los deberes de prevención al interior de las empresas organizadoras, sin que esto constituya una acusación anticipada. La hermana de la víctima, Diana Laura Rojas, enfatizó la necesidad de conocer quién tenía la responsabilidad última de evitar la tragedia.
El contexto de la investigación revela complejas relaciones corporativas. Diego Jiménez Labora es fundador de Grupo Eco, empresa matriz del Axe Ceremonia, y también de la marca Obra Negra, encargada de la logística y las grúas involucradas en el incidente.
Paralelamente, la familia solicita la imputación de Operadora de Proyectos de Entretenimiento NLP, concesionaria del Parque Bicentenario durante el festival.
Esta empresa, aunque vinculada a los hermanos Mc Phail Trouyet —cuyas otras firmas manejaban la protección civil del evento— no está actualmente imputada. La familia argumenta que quien administra un recinto público debe responder por la seguridad en su interior, principio que buscan que se aplique en la investigación penal. Las consecuencias legales de este caso se han complicado por demoras procesales. La familia ha anunciado que presentará una queja ante el Tribunal de Disciplina Judicial por presuntas irregularidades en un amparo indirecto. Este recurso, radicado en el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal, ha mantenido una suspensión que por más de cuatro meses impide a la Fiscalía imputar cargos a los investigados. Esta situación, según los familiares, vulnera su derecho a una justicia pronta y dificulta el avance en el esclarecimiento de los hechos que causaron la muerte del fotoperiodista durante el concierto.
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