Familiares de desaparecidos en Guerrero exigen ley estatal tras una década de omisión legislativa

Guerrero enfrenta una crisis humanitaria y forense sin precedentes, con miles de familias esperando justicia y la identificación de sus seres queridos. A pesar de que el estado lidera las cifras nacionales de fosas clandestinas, con aproximadamente 500 localizadas, y tiene un rezago de más de dos mil cuerpos sin identificar en sus Servicios Médicos Forenses, el Congreso local ha evadido sistemáticamente su obligación de armonizar la ley estatal con la Ley General en Materia de Desaparición Forzada.

Esta ley federal fue promulgada en 2017 y su última reforma data de 2025, estableciendo un plazo perentorio para que las entidades adapten su marco jurídico. Sin embargo, tres legislaturas consecutivas, con mayoría de Morena, han pospuesto o congelado las iniciativas presentadas, dejando en un vacío legal y de protección a las víctimas y manteniendo un sistema forense colapsado e inhumano.

El caso de Nora Elsi, quien espera desde hace más de una década recuperar los restos de su esposo José, es un ejemplo emblemático de las consecuencias de esta omisión. Los restos de José Vázquez Colebrina, desaparecido en 2013, fueron localizados en 2015 pero la familia fue notificada casi diez años después, descubriendo que habían permanecido todo ese tiempo en el Semefo de Chilpancingo.

A pesar de los trámites y las promesas de entrega, los fragmentos óseos atribuidos a José siguen sin ser entregados, sometiendo a su familia a un duelo interminable. Esta situación se repite para cientos de familias, ya que existen más de cuatro mil 450 carpetas de investigación por desaparición en Guerrero, y se estima que tres de cada diez casos ni siquiera son denunciados, lo que refleja una profunda desconfianza en las instituciones y la magnitud real de la tragedia.

La falta de una ley estatal armonizada tiene consecuencias devastadoras en múltiples frentes, perpetuando la impunidad y el dolor. En el ámbito forense, la ausencia de protocolos claros y recursos específicos agrava el rezago en la identificación de cuerpos, dejando a miles en un limbo administrativo.

Para las familias buscadoras, significa la carencia de mecanismos efectivos de búsqueda en vida y la falta de apoyos económicos garantizados y oportunos para sus labores de rastreo. Legalmente, impide la implementación de figuras cruciales como la Declaración Especial de Ausencia, que brindaría certidumbre jurídica a las familias en aspectos laborales, patrimoniales y sociales.

Aunque desde 2025 se han realizado mesas de trabajo con colectivos para elaborar una iniciativa que contempla 167 artículos, el proceso está estancado en detalles clave como el presupuesto para un fondo de apoyo familiar y la naturaleza jurídica de la Comisión Estatal de Búsqueda. Los colectivos exigen que este organismo sea autónomo para garantizar eficacia y transparencia, pero las negociaciones continúan sin fecha clara para su conclusión y aprobación en el pleno.

Mientras la ley no sea una realidad, las familias como la de Nora seguirán siendo revictimizadas por un Estado que, al negarles la verdad y la justicia, prolonga indefinidamente su trauma y les niega el derecho fundamental a enterrar a sus muertos..