Familias de desaparecidos en Ensenada acusan a la alcaldesa de priorizar el Carnaval sobre la crisis de seguridad

Las familias de personas desaparecidas en Ensenada, Baja California, han manifestado su indignación y hartazgo frente al palacio municipal, acusando a la alcaldesa Claudia Agatón Muñiz de desatender la grave crisis de desapariciones para enfocarse en la organización del Gran Carnaval de Ensenada 2026. Los colectivos de búsqueda, como Armadores Rastreadores y Uniendo Familias, denuncian que desde una única reunión en agosto del año pasado, la administración municipal ha incumplido todas las promesas hechas, incluyendo la entrega de un vehículo para labores de rastreo y la creación de una mesa de coordinación interinstitucional.

Señalan que las peticiones clave, como la mejora del Servicio Médico Forense y la construcción de un panteón forense, han sido ignoradas por completo, mientras los recursos y la atención oficial se destinan al evento festivo. El contexto de esta protesta es una crisis humanitaria que, según estimaciones de los propios colectivos, afecta a entre cinco mil y siete mil personas desaparecidas solo en el municipio, con cifras que continúan en aumento día con día.

Las activistas Teresa Figueroa y Alejandra García relataron cómo la alcaldesa inicialmente generó esperanzas al citarlos y reconocer el problema, pero luego abandonó el diálogo, sin responder a oficios ni solicitudes de seguimiento. Los manifestantes pegaron fichas de búsqueda en las puertas del edificio gubernamental, simbolizando la omisión y el dolor que, aseguran, ha sido instrumentalizado con fines políticos sin resultados tangibles.

Esta situación evidencia una profunda fractura entre la agenda pública del gobierno local, que promueve grandes eventos turísticos, y las urgentes demandas de seguridad y justicia de una parte de la ciudadanía. Las consecuencias de este abandono institucional recaen directamente sobre las familias buscadoras, quienes asumen la peligrosa tarea de rastrear cerros, basureros y zonas remotas sin apoyo oficial, exponiéndose a riesgos físicos y emocionales.

La falta de prevención y de una estrategia integral de seguridad, denuncian, permite que las desapariciones sigan ocurriendo de manera impune. El desvío de atención y recursos hacia el Carnaval, con una inversión millonaria, es visto por los colectivos como una burla y una muestra de indolencia, que prioriza la imagen pública sobre la vida de las personas.

Este conflicto erosiona la confianza en las autoridades y deja en evidencia la incapacidad del municipio para cumplir con sus obligaciones legales en materia de búsqueda y protección, profundizando la crisis de derechos humanos en la región..