Familias de desaparecidos exigen a Sheinbaum aceptar ayuda internacional ante crisis humanitaria

La presión sobre el gobierno de Claudia Sheinbaum se intensifica luego de que colectivos de familiares de personas desaparecidos exigieran de manera pública y urgente que el Estado mexicano acepte la asistencia técnica internacional ofrecida por el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU. Representantes de organizaciones como La Voz de los Desaparecidos en Puebla y Familias de Acapulco en Busca de sus Desaparecidos calificaron de indignante y cerrada la postura de la presidenta, quien ha rechazado la intervención.

Los activistas argumentan que México está rebasado en capacidades forenses, de investigación y judiciales, con más de cien mil personas desaparecidas oficialmente registradas, una cifra que refleja la magnitud de una tragedia nacional que no cesa. El contexto de esta exigencia se enmarca en la decisión sin precedentes del Comité de la ONU de llevar el caso de México ante la Asamblea General, tras considerar que existen indicios fundados de que las desapariciones forzadas se han cometido como crímenes de lesa humanidad.

Este organismo internacional basa su determinación en informes sistematizados por los propios colectivos de víctimas, quienes han documentado años de omisiones, impunidad y fallas estructurales. Las familias señalan que, pese a mesas de diálogo, las autoridades hacen como que escuchan pero no actúan, manteniendo investigaciones estancadas en etapas iniciales incluso por más de una década, con un porcentaje ínfimo de casos que logran una sentencia condenatoria.

Las consecuencias de esta crisis son profundas y multifacéticas. En primer lugar, la negativa a recibir ayuda externa perpetúa la incapacidad del sistema para identificar restos, avanzar en carpetas de investigación y brindar justicia a las familias, dejándolas en un limbo permanente.

En segundo término, se refuerza un patrón de impunidad que, según denuncian los colectivos, está vinculado a la colusión de algunas autoridades policiales y ministeriales con grupos delictivos. Finalmente, la postura oficial de soberbia, al negar la gravedad de la situación, erosiona la confianza en las instituciones y aleja la posibilidad de acceder a recursos humanos, económicos y técnicos internacionales que ya han demostrado utilidad, como en la donación de escáneres forenses.

Los familiares insisten en que la cooperación internacional no es una sanción, sino un mecanismo de colaboración previsto en la ley, y advierten que esta problemática puede afectar a cualquier ciudadano, por lo que el llamado a la acción es también un llamado a la solidaridad social..