20 Nov, 2026




Fiscalía boliviana solicita nueva orden de captura contra Evo Morales por terrorismo

El Ministerio Público imputa al exmandatario por liderar violentos bloqueos que causaron 16 muertes y pérdidas millonarias en 2024.


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POLíTICA   •   29 Jul, 2026 17:35 h


La Fiscalía de Bolivia presentó una solicitud formal para emitir una nueva orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales, acusándolo de presuntos delitos de terrorismo, alzamiento armado y atentados contra la seguridad del Estado. La petición, realizada por el fiscal Brayan Melgar, se basa en la participación del exmandatario en las movilizaciones y bloqueos carreteros ocurridos entre mayo y junio de 2024, impulsados por organizaciones campesinas de La Paz y la Central Obrera Boliviana (COB).

Las autoridades sostienen que Morales instigó estas protestas, que exigían la renuncia del presidente Luis Arce, y que derivaron en el cierre de rutas clave en el occidente y centro del país, afectando el suministro de combustibles, alimentos y oxígeno medicinal. El impacto de los bloqueos fue devastador, con un saldo oficial de 16 personas fallecidas, de las cuales 13 perdieron la vida por falta de atención médica oportuna debido a la interrupción de las vías de comunicación.

Además, las pérdidas económicas se estiman en más de 3 mil millones de dólares. La denuncia fue presentada por dirigentes cívicos de Santa Cruz a principios de julio y respaldada por el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo.


En el expediente también figuran el dirigente de la COB, Marco Argollo, y el líder campesino Vicente Salazar, quien ya se encuentra en prisión preventiva desde el 6 de julio por otra investigación relacionada con las mismas movilizaciones. Morales ha rechazado las acusaciones, asegurando que las protestas buscaban respuestas a demandas sociales y no forzar la salida del presidente, aunque durante el conflicto publicó un mensaje en redes sociales donde afirmaba que Arce tenía solo dos opciones: militarizar el país o convocar a elecciones en 90 días.

Tras negociar con algunos grupos movilizados, el Gobierno decretó el estado de excepción el 20 de junio y desplegó policías y militares para liberar las carreteras. Morales permanece desde octubre de 2024 en el Trópico de Cochabamba, resguardado por simpatizantes, mientras enfrenta otra orden de aprehensión por un caso de presunta trata agravada de personas, en el que fue declarado en rebeldía por un tribunal de Tarija.

La nueva solicitud de captura agrava su situación legal, mientras la Policía mantiene pendiente la ejecución de ambos mandatos judiciales..


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