Gobierno Federal reforzará seguridad de alcaldes tras asesinato de Carlos Manzo en Uruapan
La presidenta Claudia Sheinbaum anuncia un plan nacional de protección para ediles ante amenazas y riesgos inminentes.
SEGURIDAD • 06 Nov, 2025 11:57 h
El Gobierno Federal está alistando un refuerzo significativo de los mecanismos de protección para presidentes municipales que se encuentren bajo amenaza, una respuesta directa al reciente asesinato de Carlos Alberto Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que se analizan e implementarán medidas de seguridad adicionales a nivel nacional, con un enfoque particular en el estado de Michoacán.
Este plan busca garantizar la cercanía y el apoyo inmediato a cualquier edil que solicite apoyo, asegurando una respuesta coordinada y eficaz de las autoridades federales para prevenir más tragedias. En este contexto, se ha establecido un contacto directo con Grecia Quiroz, la nueva alcaldesa de Uruapan, y se mantienen reuniones de trabajo con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.
La estrategia central es el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, el cual se construye a partir de una consulta a diversos sectores sociales y comerciales de la entidad.
Sheinbaum enfatizó que este plan es distinto a las estrategias de administraciones pasadas, ya que integra un componente social y laboral crucial para atender las causas estructurales de la violencia. El primer borrador de este proyecto se espera para finales de la semana, con el objetivo de presentarlo formalmente en los próximos días. Las consecuencias de estos hechos han movilizado al gabinete de seguridad en su totalidad. La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, ya sostuvo una reunión de más de tres horas con 59 alcaldes de Michoacán para establecer un diálogo continuo y definir acciones concretas. El asesinato de Manzo, sumado a otros casos como el del presidente municipal de Chilpancingo, Alejandro Arcos, ha puesto en evidencia la vulnerabilidad de los funcionarios locales y la urgente necesidad de un esquema de protección robusto y preventivo que, además de brindar seguridad física, garantice justicia para las víctimas y sus familias.
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