Gobierno de México propone impuesto a bebidas azucaradas para reducir consumo en 7%

El Gobierno federal, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha anunciado una nueva estrategia fiscal que incluye un impuesto específico a las bebidas azucaradas. El objetivo declarado de esta política es reducir el consumo de estos productos en un siete por ciento durante los primeros dos años de implementación. La iniciativa se enmarca dentro del paquete económico presentado al Congreso de la Unión y surge como respuesta a los altísimos índices de obesidad y diabetes que afectan a la población mexicana, los cuales representan un costo insostenible para el sistema de salud. Las autoridades esperan que esta medida disuada el consumo excesivo de refrescos, cuyo precio actual se considera demasiado bajo y promueve su ingesta desmedida. El contexto de esta decisión es una crisis de salud pública de enormes proporciones. México es el país con el mayor consumo per cápita de refrescos en el mundo, con un promedio de 166 litros por persona al año, equivalentes a 15 cucharadas de azúcar por cada litro ingerido. Este consumo excesivo tiene cero valor nutricional y está directamente vinculado con el desarrollo de enfermedades crónico-degenerativas.

Como consecuencia, se registran más de 27 mil amputaciones y over 100 mil procedimientos de diálisis anuales, con uno de cada tres niños padeciendo sobrepeso u obesidad. Las instituciones de salud destinan actualmente cerca de 180 mil millones de pesos anuales para atender estas condiciones. Las consecuencias esperadas de la medida son dobles. Por un lado, se proyecta una recaudación estimada de 41 mil millones de pesos que se destinarán íntegramente a un fondo para fortalecer el sistema de salud pública, financiando programas de prevención y tratamiento. Por otro lado, se anticipa una mejora tangible en los indicadores de salud de la población a mediano plazo. La estrategia se complementa con el programa Vive Saludable, Vive Feliz, que incluye una campaña masiva de promoción de vida saludable, la modernización de la atención primaria con telemedicina e inteligencia artificial, y el fortalecimiento de los programas de trasplantes. El gobierno enfatiza que el objetivo principal no es recaudatorio, sino salvar vidas y reducir la carga económica que estas enfermedades implican para las familias y el Estado.