Gobierno de Sheinbaum depura registro de desaparecidos y víctimas temen un maquillaje estadístico

La administración de Claudia Sheinbaum ha iniciado un proceso oficial de depuración y actualización del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. La iniciativa, presentada como un esfuerzo técnico indispensable para cruzar bases de datos y verificar identidades, busca distinguir con claridad entre casos resueltos y activos.

Sin embargo, este anuncio ha sido recibido con profunda desconfianza por parte de colectivos de búsqueda y familiares de víctimas, quienes temen que el objetivo real sea reducir las cifras oficiales para minimizar la magnitud de la crisis. La sombra de manipulaciones pasadas y la presión política sobre las instituciones de búsqueda envenenan el ambiente, haciendo que cualquier acción gubernamental sea vista con recelo.

El contexto de esta desconfianza se remonta a la estrategia de seguridad del sexenio de Felipe Calderón, que desató una epidemia de desapariciones forzadas que perdura hasta hoy. A lo largo de los años, el Estado ha mostrado una incapacidad crónica para investigar, prevenir y atender esta tragedia humanitaria, normalizando la ausencia y dejando a las familias en la orfandad.

La creación de instituciones como la Comisión Nacional de Búsqueda, bajo el gobierno de López Obrador, si bien profesionalizó el trabajo, también enfrentó presiones para ajustar las cifras a la narrativa oficial, culminando con la renuncia de su titular, Karla Quintana.

Este historial convierte cualquier acción técnica en un campo minado político, donde la frontera entre corregir errores y borrar la realidad se desdibuja. Las consecuencias de esta desconfianza son graves e inmediatas.

Mientras el debate se centra en la metodología y los números, lo urgente sigue postergado: las fiscalías estatales no investigan con eficacia, no hay coordinación interinstitucional real, el presupuesto para búsquedas en campo es insuficiente y las madres buscadoras carecen de protección adecuada. El riesgo es que la depuración se convierta en una simulación, una goma de borrar que encoja estadísticas para aliviar la presión internacional y doméstica, sin abordar las causas estructurales.

Lo que México necesita no son registros maquillados, sino instituciones que funcionen, justicia efectiva y un Estado que asuma la magnitud de la deuda moral con los desaparecidos y sus familias. Las ausencias, aunque sean borradas del papel, siguen gritando bajo la tierra..