Guerra entre Chapitos y Mayos dispara decomisos de drones en Sinaloa

La Secretaría de la Defensa nacional ha identificado a Sinaloa como el epicentro nacional del aseguramiento e inhabilitación de drones utilizados por grupos criminales. Según datos oficiales obtenidos vía transparencia, la entidad rompió un récord histórico al decomisar 66 artefactos aéreos en lo que va de 2025 hasta septiembre pasado.

A nivel nacional, las incautaciones también alcanzaron niveles sin precedentes, con 139 unidades aseguradas en 2025 y 69 en el mismo periodo del año anterior. Estas cifras reflejan una tendencia alarmante en el uso de tecnología para actividades ilícitas, superando ampliamente a otras regiones conflictivas como Tamaulipas, que registró 34 decomisos, y Michoacán, con 28.

La estadística evidencia que la disputa territorial entre facciones del crimen organizado ha impulsado la adopción masiva de estos dispositivos como parte fundamental de su arsenal bélico. Especialistas en seguridad nacional atribuyen este fenómeno a la guerra interna entre Los Chapitos y Los Mayos, quienes emplean los drones para vigilancia, transporte de explosivos y ataques directos.

Daniel Santander, consultor en estrategia y Fuerzas Armadas, señala que existe una normalización y expansión del uso de estas aeronaves, reemplazando métodos tradicionales como los halcones. El bajo costo de los modelos comerciales y la dificultad para detectarlos o inhibirlos los convierten en herramientas atractivas para las células delictivas.

Mario Luna, piloto de sistemas de aeronave no tripulada, explica que si bien las incautaciones no miden con exactitud el aumento de su uso, sí demuestran la capacidad de fuego e innovación del crimen organizado.

En octubre de 2025, el Ejército aseguró en Badiraguato un arsenal que incluía siete drones junto con cargadores y cartuchos. Las consecuencias de esta proliferación son graves para la seguridad pública y las fuerzas armadas.

Los expertos advierten que el personal militar sufre cada vez más bajas debido a estos equipos, mientras carecen de un marco regulatorio que controle su venta y modificación. Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano, califica como inevitable que los delincuentes aprovechen nuevas herramientas tecnológicas y enfatiza la urgencia de regular su uso, aunque reconoce que la aplicación de restricciones enfrenta enormes desafíos operativos y posibles protestas sociales.

La concentración de aseguramientos en Sinaloa, Michoacán y Guerrero responde a la disputa territorial entre grupos antagónicos, donde los drones permiten observar al adversario y atacar o intimidar a comunidades enteras. Organizaciones especializadas en violencia han identificado estas entidades como focos rojos de incidentes con aeronaves no tripuladas entre 2021 y agosto de 2026.

La falta de una legislación efectiva que regule la venta, modificación y uso de estos dispositivos deja a las autoridades en desventaja tecnológica frente a organizaciones criminales que innovan constantemente. Urge una respuesta integral que combine inteligencia, tecnología de inhibición y un marco legal con mecanismos de enforcement reales para frenar esta escalada que ya cobra vidas y transforma la naturaleza del conflicto armado en México..