Investigan a Andrés Manuel López Beltrán por presuntos vínculos con el crimen organizado

La indagatoria internacional sobre Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente López Obrador, ha escalado hacia sus presuntos aliados que operan negocios irregulares en el Estado de México, territorio gobernado por la morenista Delfina Gómez. Según revelaciones periodísticas, agencias de seguridad estadounidenses mantienen bajo la lupa a personajes clave del gabinete estatal vinculados directamente con Andy, entre ellos Horacio Duarte, secretario de Gobierno con expedientes negros desde su paso por las aduanas nacionales, y Óscar Flores, secretario de Finanzas, señalado como cercano a equipos de Rubén Rocha y Adán Augusto López.

Ambos funcionarios reconocen como operador central de López Beltrán a Mario Manuel Guerra Mabarak, compañero de Andy en un lujoso viaje a Japón en julio de 2025 y quien aparece en bitácoras de vuelos privados a Estados Unidos donde fue interrogado ampliamente, lo que derivó en la cancelación de la visa al menos para Andy. La trama se complejiza con la conexión de Mabarak y el empresario Fernando Padilla Farfán, presunto financiero de Adán Augusto López, en la empresa FMedical, que obtuvo contratos millonarios del gobierno de Mara Lezama en Quintana Roo y patrocinó caravanas de salud de aspirantes como la senadora Andrea Chávez.

En el ámbito local, reportes extraoficiales registran el acoso sufrido por figuras cercanas a Gómez que se habrían negado a firmar contratos leoninos, como Paulina Moreno García, antecesora de Flores en Finanzas, y la ex oficial mayor Trinidad Franco, quien evadió la persecución amagando con difundir documentos explosivos. El secretario de Educación, Miguel Hernández, enfrenta señalamientos por un fraude de al menos 300 millones de pesos por venta de plazas magisteriales, con decenas de subordinados imputados, mientras Duarte y Flores permanecen intactos bajo el halo protector de Andy y Mabarak.

Las consecuencias de esta indagatoria trascienden lo penal: la gobernadora Delfina Gómez, quien conserva una vivienda modesta en Texcoco y un sencillo departamento en Toluca, mantiene su aspiración presidencial mientras su administración es señalada de maniobrar presupuestos y congelar pagos a acreedores sin vínculos con la facción gobernante, incluyendo corporaciones como Grupo Hermes de la familia Hank o ICA-Televisa. El escándalo pone en entredicho la relación entre el gobierno estatal y la esfera de influencia del segundo hijo del expresidente, evidenciando una red de poder que conecta funcionarios, empresarios y operadores políticos en múltiples estados, mientras la justicia estadounidense avanza con interrogatorios y cancelaciones de visa que podrían derivar en imputaciones formales contra los implicados..