Juez federal exige a Trump justificar ataques letales contra lanchas en el Caribe
El magistrado Paul Engelmayer ordena entregar el memorando legal que autoriza operativos militares contra el narcotráfico
POLíTICA • 30 Sep, 2026 12:35 h
Un juez federal de Estados Unidos exigió al Gobierno de Donald Trump la entrega del sustento jurÃdico que respalda los operativos militares letales contra embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico en el Caribe y el PacÃfico. El magistrado Paul Engelmayer, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, otorgó un plazo de 14 dÃas para que la Oficina de AsesorÃa JurÃdica del Departamento de Justicia remita en privado el memorando elaborado en septiembre de 2025, donde se evaluó la autoridad del Ejecutivo para ordenar ataques con drones.
La resolución también requiere un registro detallado sobre las personas que accedieron al dictamen, con fechas y justificaciones. La decisión judicial responde a una demanda promovida por la Unión Americana de Libertades Civiles, el Centro para los Derechos Constitucionales y la rama NYCLU, luego de que el Gobierno se negara a transparentar la información solicitada bajo la Ley de Libertad de Información.
Las organizaciones buscan esclarecer los lÃmites de las facultades presidenciales en materia de seguridad nacional y el uso de fuerza letal sin supervisión pública.
Desde septiembre de 2025, el Departamento de Defensa ha ejecutado más de 70 incursiones armadas contra lanchas en aguas internacionales, con un saldo estimado de 230 personas fallecidas. La magnitud de estas operaciones ha intensificado el debate sobre la legalidad de los ataques y la posible violación de normas internacionales. La entrega del memorando podrÃa revelar los argumentos jurÃdicos que sostienen una controvertida estrategia militar. Si el tribunal determina que el sustento es insuficiente, la administración Trump enfrentarÃa nuevas demandas y un mayor escrutinio congressional. El caso también podrÃa sentar precedente sobre la transparencia del Ejecutivo en operaciones antinarcóticos y el equilibrio entre seguridad y derechos civiles.
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