Magistrados electorales exigen indemnizaciones millonarias en medio de crisis económica

Los magistrados electorales del Tribunal de Justicia Electoral de Baja California (TJEBC) han generado un escándalo al buscar indemnizaciones millonarias al concluir sus cargos. Jaime Vargas Flores, presidente del tribunal, pretende recibir más de 4. 3 millones de pesos, equivalente a un año de sueldo más bonificaciones. Este acuerdo, firmado en diciembre de 2024 y publicado en junio, modificó las condiciones laborales para incluir estas compensaciones, lo que ha sido calificado como antiético e inconstitucional. El monto representa el 10% del presupuesto anual del TJEBC, generando indignación en un contexto de austeridad. El caso ha provocado rechazo unánime entre políticos y expertos jurídicos. Diputados locales, como Juan Manuel Molina García, denuncian la falta de presupuesto para tales pagos y exigen su anulación. Representantes del

PRI y PAN han tildado la medida de sinvergüenzada, responsabilizando a funcionarios por permitir su publicación en el Periódico Oficial. La magistrada Graciela Amezola, quien no firmó el acuerdo, podría ser clave para revertir la decisión, mientras las mesas de análisis buscan soluciones legales. Las consecuencias podrían extenderse más allá del ámbito electoral. La controversia ha puesto en duda la transparencia de los órganos autónomos y su manejo de recursos públicos. Legisladores insisten en que no habrá medias tintas y exigen la cancelación total del acuerdo. Mientras tanto, la opinión pública cuestiona la ética de los funcionarios en un momento donde la prioridad debería ser aliviar la crisis económica. El caso podría sentar un precedente para evitar abusos similares en el futuro.