Manifestantes en San Quintín y Camalú permiten paso vehicular cada 90 minutos tras acuerdos
Los bloqueos en la Transpeninsular se flexibilizan, pero se mantienen las exigencias de juicio político contra la alcaldesa.
LOCAL • 24 Ene, 2026 14:49 h
Tras llegar a acuerdos con el gobierno del estado de Baja California, los manifestantes en San Quintín y Camalú han decidido flexibilizar el bloqueo total en la carretera Transpeninsular. A partir de ahora, el paso de vehículos se permite cada hora y media, con ventanas de circulación libre de 30 minutos.
Además, entre las 6:00 y 8:00 horas, la vía permanece completamente despejada para facilitar el traslado de estudiantes y trabajadores, una medida que busca mitigar el impacto en la población civil mientras se mantiene la presión de la protesta. La vocera Giselle Gómez enfatizó que el movimiento es de carácter ciudadano y no político, y que el objetivo central sigue siendo exigir la revocación de mandato y un juicio político contra la presidenta municipal, Miriam Cano.
Este proceso, reconocen, es más complejo y requiere la intervención de los diputados locales, por lo que la protesta se mantendrá de forma parcial. Las demandas se sustentan en graves señalamientos por presuntas irregularidades financieras en la administración de Cano.
Los manifestantes entregaron un expediente al secretario general de gobierno donde detallan, entre otros puntos, la destinación de 24 millones de pesos en 2026 a disposición directa de la presidencia municipal, con gastos personales incluidos, y la falta de claridad sobre el destino de 34 millones asignados a Seguridad. También denuncian incrementos desmedidos en impuestos como el predial, que subió casi un 60%, y cobros no facultados por servicios como dictámenes de Protección Civil, además de impagos a personal despedido.
Las consecuencias de esta protesta prolongada, aunque ahora con tránsito intermitente, siguen afectando la logística y la economía regional de la zona sur del estado. La persistencia de los bloqueos parciales refleja un descontento social profundo por la falta de servicios básicos, la opacidad en el gasto público y la percepción de una administración municipal centralizada y onerosa.
La presión ciudadana busca ahora que el Congreso local actúe sobre las acusaciones, mientras el gobierno estatal media para evitar una paralización total, en un conflicto que pone en evidencia las tensiones entre la población y sus autoridades locales..
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