Ministros de la Corte declaran patrimonios con terrenos baratos y omisión de concesión de agua por error

La nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha presentado sus declaraciones patrimoniales, un requisito de transparencia que ha dejado al descubierto detalles significativos sobre su patrimonio personal. Entre los datos más llamativos se encuentran la adquisición de terrenos a precios notablemente bajos en años pasados y, en un caso particular, la omisión inicial de una propiedad que incluye una concesión de agua.

La ministra María Estela Ríos González rectificó su declaración para incluir un inmueble con una concesión, la cual, según explicó, fue omitida por un error y está destinada estrictamente para uso agrícola. Este bien fue registrado en 2019, año en que la ministra ocupaba un alto cargo en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

El contexto de estas declaraciones se enmarca en un escrutinio público creciente sobre el patrimonio de los servidores públicos y el cumplimiento de la ley en materia de transparencia. La reforma a la Ley de Aguas Nacionales ha añadido capas de complejidad a la declaración de concesiones, haciendo de la omisión de Ríos González un punto de atención.

Otros ministros, como Irving Espinosa Betanzo, declararon propiedades adquiridas hace décadas a precios de la época, como un departamento comprado en 1997 por menos de cuatro mil pesos. Las declaraciones muestran un espectro diverso, desde patrimonios moderados hasta otros con bienes artísticos y joyas de alto valor, como en el caso de Loretta Ortiz Ahlf, y situaciones donde no se reportan bienes inmuebles o muebles, como ocurre con Yasmín Esquivel Mossa y el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz.

Las consecuencias de estas revelaciones se centran en la exigencia de rigor y exactitud en el proceso de declaración patrimonial, fundamental para prevenir conflictos de interés y garantizar la probidad judicial. La rectificación presentada por la ministra Ríos González, aunque justificada como un error, pone sobre la mesa la necesidad de mecanismos de verificación más estrictos por parte de los órganos de control, como la Contraloría de la Dirección General de Responsabilidades Administrativas del Poder Judicial.

Este episodio refuerza el llamado de la sociedad civil y los medios de comunicación para que la transparencia sea efectiva y no solo un trámite, asegurando que todas las propiedades, incluyendo derechos como las concesiones de agua, sean debidamente reportadas y justificadas para mantener la confianza en las más altas instituciones de justicia del país..