Morena prohíbe dinero público a aspirantes para elecciones 2027

La dirigencia nacional de Morena abrió el proceso interno rumbo a las elecciones de 2027 con una regla que, en otra época, habría pasado como un simple ajuste técnico: prohibió a sus aspirantes el uso de dinero público, programas sociales y estructuras de gobierno en su propia contienda. No es una directriz menor.

La restricción atraviesa las convocatorias para definir las Coordinaciones Estatales de Defensa de la Transformación en 17 entidades, la figura que opera como antesala de las candidaturas a gubernatura. Lo que verdaderamente llama la atención no es sólo el blindaje del documento, sino la necesidad que admite la dirigencia al redactarlo con tanta urgencia y contundencia.

La neutralidad institucional deja de ser un supuesto ético y se convierte en una obligación fiscalizada. El veto alcanza a gobernadores, alcaldes y legisladores, y obliga a quien aspire a competir a separarse del cargo para poder hacerlo.

Sin embargo, el verdadero reto no está en la redacción de la norma, sino en contener lo que ya comenzó a moverse con fuerza en las estructuras locales. En los estados, la línea entre el aparato de gobierno y la simpatía electoral ya es difusa.

En Quintana Roo, el entorno de Mara Lezama empuja la proyección de Eugenio Segura. En Sonora, Alfonso Durazo mantiene sus fichas alineadas con Lorenia Valles, mientras que en Zacatecas, el mandatario David Monreal opera abiertamente con Verónica Díaz dentro de su círculo de confianza.

La dinámica se replica con distintas intensidades. En Colima, Indira Vizcaíno respalda a Rosy Bayardo; en Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla impulsa a su fiscal Carlos Torres; en Campeche, Layda Sansores apoya a Pablo Gutiérrez; y en Tlaxcala, Lorena Cuéllar promueve a Alfonso Sánchez.

A este bloque se suma Guerrero, donde la disputa entre Estela Damián y Beatriz Mojica tensa las fuerzas locales. No es un secreto que el poder real en Morena pasa por las gubernaturas, cuyos mandatarios actúan hoy como los jefes políticos de sus respectivas sucesiones.

Por ello, la dirigencia busca sostener el control con filtros inéditos. Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, ya advirtió que las encuestas vendrán acompañadas de una revisión rigurosa.

Se exigirá a las autoridades de seguridad informar si los aspirantes están sujetos a investigaciones o procesos formales, además de obligarlos a declarar bajo protesta que no enfrentan acusaciones por ilícitos. El candado no es menor.

El fondo de la discusión no estriba en el método de selección, sino en la disciplina de las estructuras que también son gobierno y operan bajo sus propios intereses. Morena intenta fijar una distancia entre el presupuesto y los relevos.

No obstante, esa línea sigue sin resolverse. Parece que, mientras el centro diseña candados y perfila reglas, los gobernadores aceleran los tiempos de sus propios delfines.

Al final de cuentas, todos buscan quienes les cuiden las espaldas. POR CARLOS ZÚÑIGA PÉREZCOLABORADOR@CARLOSZUPMAAZ.