México enfrenta crisis de extorsión sexual contra mujeres: impunidad y vacíos legales

En México, la extorsión sexual se ha normalizado en ámbitos laborales, médicos y judiciales, donde mujeres son obligadas a intercambios sexuales para acceder a derechos básicos. Según estudios, el país ocupa el quinto lugar en América en incidencia, pero el delito no está adecuadamente tipificado en los códigos penales. Las víctimas, en su mayoría mujeres, enfrentan vergüenza, culpa y represalias, lo que disuade las denuncias. Aunque en 2021 se propuso una reforma legal para reconocer la extorsión sexual por género, la iniciativa quedó archivada. Solo estados como Hidalgo, Jalisco y Quintana Roo incluyen figuras similares, pero sin impacto nacional. La falta de políticas públicas y el temor a represalias perpetúan este tipo de violencia.

Expertos señalan que la extorsión sexual combina abuso de poder, corrupción y violencia de género, con consecuencias psicológicas graves para las víctimas. Sin embargo, la ausencia de datos precisos y la impunidad dificultan su erradicación. Casos como jueces que condicionan sentencias o empleadores que exigen favores sexuales para promociones revelan la magnitud del problema. Organizaciones exigen un marco jurídico claro que facilite la identificación y castigo de los agresores. Mientras tanto, la desconfianza en las instituciones y la falta de interés político, como el archivamiento de reformas, dejan a miles de mujeres sin protección. La urgencia de visibilizar y penalizar este delito sigue siendo una deuda pendiente en la lucha por la igualdad y la justicia en México.