México y Estados Unidos firmarán histórico acuerdo de seguridad contra el crimen organizado

El gobierno de México y Estados Unidos anunciaron la pronta firma de un acuerdo de seguridad conjunto para enfrentar al crimen organizado. Este marco legal sustituirá el entendimiento informal vigente desde 1927, que ya no responde a la complejidad actual del narcotráfico. La urgencia del pacto refleja el fracaso de estrategias previas, evidenciado por la ola de violencia en Sinaloa y el ascenso del Cártel Jalisco Nueva Generación. El acuerdo prioriza la desarticulación de grupos criminales, pero su alcance exacto se conocerá tras su publicación oficial. El contexto histórico revela que la cooperación en seguridad siempre ha sido clave en la relación bilateral. Desde el Plan de Defensa Continental de 1949 hasta los rescates financieros de los 90, ambos países han mantenido alianzas tácitas. Sin embargo, la infiltración del crimen en instituciones políticas y la impunidad sistémica exigen acciones más contundentes.

El nuevo compromiso obligaría a México a depurar figuras sospechosas, como exfuncionarios vinculados a cárteles, un tema pendiente desde la era de Miguel de la Madrid. Las consecuencias del acuerdo podrían redefinir la política interior y exterior de México. Además de impactar en la tasa de homicidios y desapariciones —que superan los 800,000 y 130,000 casos respectivamente—, el pacto plantea dudas sobre la soberanía nacional. Organizaciones de víctimas demandan que se incluya reparación histórica y protección para comunidades vulnerables. Mientras Claudia Sheinbaum negocia con colectivos, analistas advierten que el éxito dependerá de equilibrar la cooperación con EE. UU. y preservar autonomía en decisiones estratégicas.