Obispo Raúl Vera acusa al Estado mexicano de encubrir desapariciones y colusión con el crimen
El religioso denuncia que la corrupción sistémica permite que continúe la crisis de derechos humanos en México.
SEGURIDAD • 04 Abr, 2026 12:32 h
El obispo emérito de Saltillo, Raúl Vera López, ha realizado una grave denuncia: el Estado mexicano se niega a enfrentar la crisis de desapariciones forzadas y tolera la colusión de autoridades con el crimen organizado. Según su testimonio, esta dinámica de corrupción es la causa principal de que las violaciones a los derechos humanos persistan sin control.
El religioso, quien ha acompañado a familias de víctimas por más de una década, sostiene que esta inacción deliberada fue lo que motivó al Comité de la ONU sobre Desapariciones Forzadas a escalar el caso a la Asamblea General, una medida excepcional que evidencia la gravedad de la situación. El contexto de esta acusación se remonta a más de diez años, cuando el Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, vinculado a la diócesis, comenzó a documentar casos masivos en el noreste del país.
Vera López relata cómo desde 2010 llegaban familias de todo México y Centroamérica buscando a migrantes desaparecidos, una tragedia que conoció de primera mano junto al padre Pedro Pantoja. El patrón, según el obispo, siempre ha incluido la participación o omisión de funcionarios públicos.
Un indicador brutal de esta permisión estatal es la proliferación de fosas clandestinas descubiertas en todo el territorio nacional, que revelan la magnitud de los crímenes y la impunidad que los rodea. Las consecuencias de esta denuncia son profundas. Vera López afirma que la corrupción se ha institucionalizado hasta el punto de que autoridades se han acostumbrado a obtener ganancias ilícitas mediante su complicidad, actuando con un descaro que prioriza el enriquecimiento sobre la vida y la ley. Esta estructura de impunidad, asegura, no solo perpetúa el dolor de miles de familias, sino que desgasta la credibilidad internacional de México. El religioso concluye con un llamado urgente a que el gobierno dé la cara y asuma su responsabilidad, pues la sociedad civil y organismos como los que él representa continúan, hoy igual que ayer, inculpando a un sistema que protege a los culpables y olvida a las víctimas.
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