Presidenta Sheinbaum cuestiona acusación de terrorismo contra periodista en Veracruz y defiende libertad de expresión

La presidenta Claudia Sheinbaum ha cuestionado públicamente y de manera firme la decisión de la Fiscalía General del Estado de Veracruz de imputar al periodista Rafael León Segovia, detenido el 24 de diciembre, por el delito de terrorismo. Durante su conferencia matutina, Sheinbaum afirmó desconocer los motivos para emplear este tipo penal, inédito en México para casos contra comunicadores, y exigió a la fiscalía estatal que justifique su decisión.

La mandataria subrayó que, en primer lugar, la libertad de expresión debe estar por encima de todo y que, de existir algún delito común, la autoridad debe probarlo de manera clara y separada de su labor informativa. Este posicionamiento presidencial pone el foco en una acusación considerada desproporcionada por organismos defensores de derechos humanos.

El caso se enmarca en un contexto de denuncias previas de hostigamiento sistemático contra el periodista. La organización Article 19 ha documentado que Rafael León Segovia llevaba años reportando presiones por parte de autoridades locales, con investigaciones previas que fueron desestimadas por falta de fundamentos.

El reportero, especializado en fuentes policiales, había documentado presuntas irregularidades en la propia Fiscalía de Veracruz, lo que genera preocupación sobre el uso del sistema penal para criminalizar su trabajo de investigación sobre crimen organizado en la región.

Este patrón contrasta con declaraciones recientes de la gobernadora Rocío Nahle, quien aseguró que en Veracruz perdura la libertad de expresión. Las consecuencias de este caso trascienden la situación individual y establecen un precedente alarmante para el periodismo de investigación en México.

La calificación de terrorismo, un delito grave con penas severas, podría utilizarse como un instrumento de intimidación para silenciar a la prensa crítica. La propia Sheinbaum informó que la gobernadora Nahle también desconoce los motivos de la fiscalía, y que el gobierno federal da seguimiento al caso a través de la Secretaría de Gobernación.

La familia del periodista ha denunciado irregularidades en el operativo de detención, incluyendo la sustracción de bienes, y ha rechazado enfáticamente la acusación, señalando que su labor nunca constituyó un acto terrorista. La presión pública y la atención federal obligarán a la Fiscalía de Veracruz a ofrecer explicaciones detalladas y fundamentadas legalmente, en un caso que pone a prueba el compromiso del Estado con la protección de las y los periodistas..