20 Nov, 2026




PVEM propone al INEGI como nuevo evaluador de políticas para la niñez en México

La iniciativa de reforma busca sustituir al CONEVAL por el INEGI en la medición de pobreza infantil y evaluación de programas sociales.


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POLíTICA   •   27 Jul, 2026 22:20 h


El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) presentó una iniciativa de reforma a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para transferir al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) las funciones de evaluación de políticas públicas dirigidas a la infancia. La propuesta, encabezada por el senador Manuel Velasco Coello, modifica los artículos 4, 130, 132 y 134 de dicha ley, eliminando la referencia al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo social (CONEVAL) y asignando al INEGI la responsabilidad de medir la pobreza y evaluar el impacto de los programas sociales en este sector.

Esta acción legislativa busca armonizar el marco normativo con las reformas impulsadas en 2025 por la presidenta Claudia Sheinbaum, que extinguieron al CONEVAL y reasignaron sus atribuciones al órgano estadístico. La iniciativa surge como respuesta a un compromiso internacional adquirido por México desde 1990, al ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño.

Los senadores del PVEM argumentan que la actualización legal es necesaria para hacer más eficiente el uso de los recursos públicos, dotar de certeza jurídica a la norma y fortalecer la capacidad institucional del país.


Con los cambios propuestos, el INEGI asumirá formalmente la tarea de dictaminar periódicamente el impacto de las políticas de desarrollo social enfocadas en la niñez y adolescencia, garantizando una evaluación técnica y objetiva basada en datos estadísticos. De aprobarse la reforma, el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes estará obligado a proporcionar al INEGI toda la información necesaria para realizar estas mediciones. Los legisladores ecologistas subrayaron que mantener una legislación precisa consolida el Estado de derecho y permite un seguimiento adecuado a la garantía de los derechos de la infancia en todo el territorio nacional. La propuesta representa un cambio significativo en la arquitectura institucional de evaluación social, centralizando en el INEGI la capacidad de análisis y monitoreo de las políticas públicas más sensibles del país.


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