Rancho Izaguirre: la tragedia silenciada y el aumento de desapariciones en Jalisco
Las autoridades minimizan el hallazgo de evidencias mientras las desapariciones forzadas continúan en aumento.
SEGURIDAD • 07 Mar, 2026 05:20 h
El caso del Rancho Izaguirre, donde se encontraron miles de pertenencias personales en 2023, fue rápidamente cerrado por las autoridades con una narrativa oficial que lo describió como un simple campo de entrenamiento. Tanto el gobierno federal como el estatal, junto con las fiscalías, se alinearon para descartar cualquier exterminio o desaparición forzada masiva.
La investigación se desvió hacia funcionarios municipales y el entonces fiscal general, Ernesto Gertz, fue reubicado en un cargo diplomático, silenciando el tema en las conferencias presidenciales. Este cierre prematuro dejó sin respuestas a las familias de las víctimas y sin castigo a los responsables últimos del reclutamiento forzado.
El contexto revela una estrategia de opacidad que prioriza la imagen pública sobre la justicia. Mientras el caso era archivado, la crisis de desapariciones en Jalisco ha seguido creciendo de forma alarmante.
Según datos oficiales, entre marzo de 2025 y enero de 2026 se reportaron 893 personas desaparecidas no localizadas en el estado.
Se proyecta que la cifra anual superará el millar, sumándose a las casi 32 mil familias que ya enfrentan esta tragedia a nivel nacional. Este incremento sostenido contrasta con el silencio oficial sobre el Rancho Izaguirre y evidencia la desconexión entre el discurso de seguridad y la realidad.
Las consecuencias son una profunda desprotección y revictimización. Las colectivas de búsqueda han sido ignoradas, forzándolas a depender de proyectos periodísticos independientes para identificar prendas encontradas, sin que las fiscalías den seguimiento legal.
La visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Guadalajara, donde se enfocará en estadísticas de reducción de homicidios, simboliza esta indolencia: se hará como si la tragedia nunca ocurrió. Para los familiares, el mensaje es claro: al gobierno le preocupa más manipular las cifras que atender a las víctimas y prevenir nuevas desapariciones, consolidando un patrón de impunidad y olvido..
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