Sapal declara reservado y oculta por cinco años el convenio de descuento millonario con Club León

El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (Sapal) ha clasificado como información reservada por un plazo de cinco años el convenio firmado con el Club León que redujo la deuda del club de 52 a 26 millones de pesos. Esta decisión, comunicada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, impide el acceso público al documento que detalla los términos y los cálculos que justificaron la condonación del 50% de la deuda histórica por descargas de aguas residuales.

La respuesta oficial argumenta que la reserva se debe a la existencia de cuatro investigaciones en curso: tres en la Contraloría Municipal y una más a cargo de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, amparándose en la ley estatal que permite clasificar información vinculada a procedimientos en trámite. El organismo sostiene que divulgar los detalles podría afectar el desarrollo de estas indagaciones, priorizando la protección del proceso sobre el interés público de conocer los pormenores de un acuerdo que involucra recursos municipales.

Este contexto de opacidad se desarrolla después de que el propio presidente del Consejo Directivo del Sapal, José Antonio Morfín Villalpando, revelara la existencia del convenio en una sesión de ayuntamiento en marzo, comprometiéndose en esa ocasión a proporcionar la información solicitada por los regidores. La justificación técnica esgrimida por el director general, Enrique de Haro Maldonado, y el síndico Román Cifuentes Negrete, consejero del organismo, apunta a una revisión de los consumos históricos, mencionando factores como la pandemia durante la cual el estadio no operó, lo que habría llevado a un recálculo de la deuda original.

Sin embargo, la falta de transparencia sobre los métodos de dicho recálculo y los criterios exactos para la reducción genera un vacío informativo. La consecuencia inmediata es una fuerte controversia política y cuestionamientos a la rendición de cuentas de la administración.

Regidores de Morena, encabezados por Vanessa Montes de Oca, han calificado la decisión como un acto de máxima opacidad y han exigido en repetidas ocasiones conocer los motivos específicos del descuento del 50%. Incluso un regidor del PAN, partido en el gobierno municipal, ha subrayado la importancia de que la resolución se apegue estrictamente a la legalidad y los principios de gobierno abierto.

La clasificación como reservada pospone cualquier escrutinio ciudadano y periodístico efectivo sobre un manejo financiero que afecta al erario, dejando en el aire dudas sobre la equidad del trato hacia una empresa privada de gran influencia local frente a otros deudores. A largo plazo, este caso sienta un precedente preocupante sobre el acceso a la información de contratos y convenios públicos en Guanajuato, debilitando los mecanismos de control social.

La imposibilidad de auditar públicamente los criterios de condonación de deudas millonarias puede minar la confianza en las instituciones y abrir la puerta a percepciones de favoritismo. Mientras el documento permanezca oculto, las explicaciones verbales de las autoridades carecen de un contraste objetivo, y las investigaciones en curso, cuya naturaleza y alcance tampoco son públicos, se convierten en el único argumento para mantener en secreto un asunto de claro interés colectivo.

La promesa de transparentar la información una vez concluyan los procedimientos, dentro de un plazo máximo de cinco años, deja a la ciudadanía en un limbo informativo respecto al uso de sus recursos..