Sapal oculta por cinco años el convenio que redujo a la mitad la millonaria deuda del Club León

El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (Sapal) ha decidido clasificar como información reservada por un plazo de cinco años el convenio firmado con el Club León, el cual redujo la deuda del equipo de fútbol de 52 a 26 millones de pesos. Esta determinación, comunicada a través de la Plataforma Nacional de transparencia, impide el acceso público al documento que detalla los términos y los cálculos que justificaron la condonación del 50% de la deuda histórica por descargas de aguas residuales.

Las autoridades del Sapal, encabezadas por su director general Enrique de Haro Maldonado, argumentan que la reserva se debe a la existencia de cuatro investigaciones y una auditoría en curso relacionadas con la cuenta del club, señalando que divulgar la información podría afectar dichos procedimientos. El presidente del Consejo Directivo del organismo, José Antonio Morfín Villalpando, había revelado la existencia del acuerdo en marzo, admitiendo que al club posiblemente se le cobró de más en el pasado, pero sin proporcionar los detalles específicos del reajuste.

Este contexto de opacidad se enmarca en una deuda que el Club León arrastraba desde hace más de trece años, la cual fue objeto de negociaciones durante la anterior administración municipal. La justificación técnica presentada por el Comité de Transparencia del Sapal sostiene que el daño por revelar la información antes de la conclusión de las investigaciones supera el interés público de conocerla, amparándose en la ley estatal de transparencia.

Sin embargo, esta postura ha sido cuestionada incluso por consejeros del propio organismo, quienes han manifestado en privado su desacuerdo con la clasificación. La decisión deja sin esclarecer los motivos precisos para la reducción, que según versiones oficiales preliminares consideraron factores como el periodo de inactividad del estadio durante la pandemia, un aspecto que la actual dirección del Sapal asegura no volverá a aplicarse para ningún otro usuario en el futuro.

La medida ha desatado una fuerte oposición política y social, al interpretarse como un acto de opacidad que beneficia a una empresa privada de gran influencia en la ciudad.

Regidores de Morena, en particular la edil Vanessa Montes de Oca, han liderado las críticas, acusando al Sapal de incurrir en la máxima opacidad y de incumplir la promesa de transparentar el convenio hecha públicamente en sesión de cabildo. La regidora ha exigido repetidamente conocer los criterios técnicos y legales que llevaron a perdonar 26 millones de pesos, subrayando su derecho como representante popular a auditar tales decisiones.

Por su parte, otros regidores, incluso del PAN, han expresado en reserva que la transparencia debería prevalecer, aunque públicamente se limitan a pedir que la resolución se apegue a la legalidad. Esta división y la falta de una postura unificada en el cabildo debilitan la capacidad de fiscalización sobre un organismo operador que maneja recursos públicos.

La controversia trasciende el ámbito político inmediato y establece un peligroso precedente en materia de rendición de cuentas. Las consecuencias de este caso son profundas, ya que erosiona la confianza ciudadana en las instituciones y plantea dudas sobre la equidad en el trato a los deudores, contrastando con la rigurosidad típica aplicada a usuarios comunes.

Además, sienta un precedente donde la clasificación de información reservada puede ser utilizada para evitar el escrutinio de acuerdos financieros cuestionables, limitando el derecho fundamental a la información. La sociedad de León queda a la espera de que, una vez concluidas las investigaciones, se revele el contenido del convenio y se determine si existió un trato preferencial, mientras el Club León sigue operando sin la presión de una deuda que fue reducida a la sombra de la opacidad administrativa..